sábado, 27 de octubre de 2018

HUGO CHÁVEZ Y EL SENTIDO DEL PACTO CONSTITUYENTE DE 1999: LA DEMOCRACIA INSURGENTE


Javier Biardeau R
“Cuando reflexiono sobre el golpe del 11 de abril recuerdo las ideas de Kennedy que ya te he citado antes, quién dijo: “Los que le cierran el camino a la Revolución pacífica, le abren el camino a la Revolución violenta.” Nosotros escogimos hacer la Revolución constitucionalmente, por un proceso constituyente de incuestionable legitimidad. Si en algún momento del 11 y 12 de abril dudé que una Revolución democrática y pacífica fuera posible, lo que pasó el 13 y 14 de abril cuando esa inmensa cantidad de gente salió a la calle, a rodear Miraflores y varios cuarteles, exigiendo mi regreso reafirmó en mí con mucho vigor la idea de que sí es posible. Claro que la batalla es dura, y será dura y difícil. Se trata del arte de hacer posible lo que ha parecido y sigue pareciendo a muchos como un imposible.” (Hugo Chávez. Un hombre. Un pueblo[i]. Entrevista de Marta Harnecker)
En el año 1998, durante la campaña electoral, el candidato Hugo Chávez proponía y se comprometía a realizar en el país una revolución democrática y pacífica, a partir de un proceso constituyente, que debería crear los nuevos cimientos jurídico-institucionales necesarios para el desarrollo integral del país.
Tal proceso dio lugar a aquella formulación sintética en la cual se consideraba a la revolución bolivariana como una revolución democrática, pacífica, constitucional y electoral.
En aquellos años, quizás los amnésicos y los muy jóvenes no pueden recordar que los males estructurales del pasado eran definidos como la partidocracia adeco-copeyana, la corrupción y los perniciosos efectos de la agenda de políticas neoliberales, agenda definida en función de pagar los montos de endeudamiento externo y no en función de abordar la problemática prioritaria de la deuda social acumulada; es decir, la miseria y la exclusión social.
Fue en tal contexto que cobró auge la llamada “Agenda Alternativa Bolivariana”[ii], un pequeño documento que contenía las líneas fundamentales de aquel proyecto alternativo.
Cuando Chávez y el movimiento de masas que lo acompañó forzaron la barra de la interpretación legal hasta ese momento vigente en materia de referendos y participación popular, fue que se hizo posible viabilizar un proceso de transformaciones constituyentes a partir de la supremacía del principio de soberanía popular en el ejercicio del poder.
El hecho mismo de superar los estrechos límites de la reforma constitucional contemplados en la el texto de 1961 requirió de una interpretación consistente con una concepción democratizadora por parte de aquella Corte Suprema de Justicia. Tal interpretación intento conectarse con un estado de ánimo nacional y con la direccionalidad de las fuerzas movilizadas para una transformación del status quo.
Desde ese momento se prefiguraron las bases o fundamentos jurídico-institucionales de una concepción de la democracia participativa y protagónica que ya estaba presente como planteamientos de una “democracia insurgente”[iii] en, de y desde la multitud popular que venía organizándose y movilizándose alrededor de la alternativa histórica bolivariana.
Aquel rostro de democracia insurgente aparecía lentamente desde los bocetos de la “democracia popular bolivariana” en aquel Libro Azul[iv], hasta llegar a las reflexiones históricas de aquellas tradiciones que han luchado por oponer el poder del demos y del poder constituyente a la razón de Estado como máximo emblema del Poder Constituido. La lucha entre bloques sociales, progresistas y conservadores, también tenía su expresión en el Derecho Constitucional. 
La Constitución de 1999 consagró aquel principio de la soberanía popular con las consecuencias políticas aludidas por Rousseau, como el mandato imperativo, es decir, la revocatoria del mandato contemplado en los Artículos 6 y 72, y la rendición de cuentas, Artículo 6 y 66, es decir, en la nueva Carta el pueblo no sólo era titular de la soberanía sino que además podía ejercerla directamente a través de los medios de participación contenidos en el Artículo 70 y las modalidades de referendo contempladas en los Artículos 71 al 74.
En ningún caso se trató de una transferencia paternal o tutelada desde arriba, es decir desde el Estado hacia Demos, con base a uno que otro “filosofema o ideologema político”, tal como lo suponen desde las viejas vertientes del populismo de la ambigüedad  abstracta (Horacio Cerutti dixit)[v] hasta llegar hoy a las codificaciones de una democracia “sin excesos anarquistas”, argumento esgrimido por todas las corrientes posibilistas y conservadoras, que olvidan el viejo planteo weberiano. Leamos a Weber:
“La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y mesura. Es completamente cierto, y así lo prueba la Historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto no sólo hay que ser un caudillo, sino también un héroe en el sentido más sencillo de la palabra. Incluso aquellos que no son ni lo uno ni lo otro han de armarse desde ahora de esa fortaleza de ánimo que permite soportar la destrucción de todas las esperanzas, si no quieren resultar incapaces de realizar incluso lo que hoy es posible.”[vi]
Desde entonces, la democracia participativa, pasaba a ser el respaldo político fundamental del Estado Democrático y Social de Derecho y de justicia, no así la democracia representativa  clásica, que sin quedar suprimida, cumplía un papel auxiliar y subordinado, pues como dictaba el art. 5 constitucional:
“Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.”
De manera que cuando se dicta que los órganos representativos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos no se dice cualquier cosa.
No se trata de una superficialidad, un adorno retórico, una ocurrencia demagógica o una extravagancia de un lector schmittiano distraído en sus especulaciones sobre la ontología del derecho existencial del ser nacional.
Desde 1999, quedó claro que las cuestiones de las relaciones entre sociedad, sistema político y el Estado como Nación políticamente organizada, tenían que examinarse no sólo bajo la perspectiva del derecho constitucional de la tradición del “constitucionalismo pétreo”, sino bajo su necesaria superación desde el desarrollo y despliegue de una la teoría crítica radical de la política y del derecho.
La sociología jurídica y las ciencias políticas críticas requerían de un esfuerzo superior y de una revisión de viejos supuestos, no sólo para describir las instituciones (en sus relaciones con los procesos instituyentes y los procesos de institucionalización), sino para comprenderlas y explicarlas histórica y culturalmente, para analizar en contexto el origen, carácter, funciones y propósitos de los procesos que constituyen las condiciones de posibilidad de dichas instituciones y del sistema político, en particular, del sistema político venezolano.
Lo que se está diciendo es que hay un pacto fundamental constituyente (no solo un pacto constitucional) que no puede ser violado, usurpado ni violentado por los órganos representativos.
Por cierto, en tal pacto fundamental constituyente no se habla de “traición a” personas ni jefaturas políticas. Allí se habla de lealtad constitucional y sobremanera constituyente, de lealtad a la soberanía popular. 
Allí se habla de traición a la soberanía popular y de corrupción política[vii], cuando no existe tal sometimiento del representante al poder originario.
“No tarda Dussel en dar con ese fundamento legítimo del orden político: la soberanía popular, a partir de allí es posible reconstruir las formas corruptas mediante las cuales ese principio se vulnera. Esto sucede básicamente cuando el aparato institucional se escinde y desentiende del origen (la soberanía popular) que lo funda y confiere legitimidad, de esta manera se fetichiza al pretender invertir la relación con el principio fundante. El resultado es que se produce una doble corrupción, por parte del gobernante se asume como soberano y por parte de la comunidad política se lo permite.”
Tampoco mandar obedeciendo al pueblo es una caricatura, ensamblaje demagógico o arrebato de un Sócrates, Ariel o Calibán en su laberinto.
No comentaremos aquí en profundidad las consecuencias de romper con tal pacto fundamental, lo cual supone la clásica profundización de una crisis política de hegemonía histórica:
“La corrupción originaria de lo político, que denominaremos el fetichismo del poder, consiste en que el actor político (los miembros de la comunidad política, sea ciudadano o representante) cree poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la que cumple alguna función (de allí que pueda denominarse "funcionario") -sea presidente, diputado, juez, gobernador, militar, policía como la sede o la fuente del poder político. De esta manera, por ejemplo, el Estado se afirma como soberano, ultima instancia del poder; en esto consistiría el fetichismo del poder del Estado y la corrupción de todos aquellos que pretendan ejercer el poder estatal así definido. Si los miembros del gobierno, por ejemplo, creen que ejercen el poder desde su autoridad autorreferente (es decir, referida a sí mismos), su poder se ha corrompido.”[viii]
Sólo diremos que intentar hacerle trampas o cometer triquiñuelas a la soberanía popular es un acto gravísimo de violación, usurpación y sustracción del poder originario. No es poca cosa y sus consecuencias no pueden ser administradas por tecno-políticas de control de daños o bio-política de masas.
Es justo reconocer históricamente que el quiebre del modelo representativo se había producido jurídicamente en 1999, cuando la sentencia de la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia de Humberto La Roche, de fecha 21 de enero de 1999, abrió la vía a la Asamblea Nacional Constituyente, y consagró el derecho a la participación política, y concretamente al mecanismo referendario con base en el preámbulo, Artículo 4 y 50 de la Constitución de 1961, Artículo 181 y 234 de la Ley Orgánica del Sufragio, Participación Política, y 42, Ordinal 24 de la antigua Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
Una interpretación progresiva y sistemática del texto constitucional de 1999 recoge precisamente el espíritu, propósito y razón de ser de tales decisiones, actos jurisdiccionales y además del recto sentido del poder constituyente originario frente a la democracia representativa instituida hasta entonces.
Echar para atrás significaría, nada más y nada menos, que ponerse “manos a la obra” (tal como la consigna adeca de Carlos Andrés Pérez I) de un poder destituyente del proyecto histórico de la democracia social, participativa y protagónica.
Actualmente debemos visibilizar los actores, fuerzas, estrategias y maniobras de todo aquello que signifique una regresión histórica y que sea portavoz de los poderes destituyentes, incluso de quienes hablan en clave de fachada o simulación socialista.
El enfrentamiento de base es entre los múltiples agenciamientos instituyentes, que exigen la realización de los principios fundamentales y de la carta de derechos formalizados en la Constitución de 1999, frente a una unidad coordinada de esfuerzos para, desde el Poder Constituido y tras la escena: los Factores Reales de Poder, desmontar y destruir la soberanía popular y la Carta de Derechos conquistados como principios fundamentales de la Constitución de 1999.
Tal como planteaba en su clásico texto: ¿Qué es una Constitución? Ferdinand Lasalle[ix]:
“Los factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son.”
“He ahí, pues, señores, lo que es, en esencia, la constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país.
¿Pero qué relación guarda esto con lo que vulgarmente se llama Constitución, es decir, con la Constitución jurídica? No es difícil, señores, comprender la relación que ambos conceptos guardan entre sí.
Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y, a partir de este momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, Y quien atente contra ellos atenta contra la ley, y es castigado.
Tampoco desconocen ustedes, señores, el procedimiento que se sigue para extender por escrito esos factores reales de poder convirtiéndolos así en factores jurídicos.”
Ahora bien, ¿Quiénes ejercen la hegemonía entre los factores de poder? En la época de la Alemania de Lasalle los factores de poder fueron identificados como: Monarquía, Aristocracia, la Gran Burguesía, Los Banqueros,  la Conciencia colectiva y la Cultura en general, la Pequeña Burguesía y la Clase Obrera.
¿Quiénes y cuáles son los factores de poder nacionales e internacionales que gravitan sobre la redacción de la Constitución y las leyes en Venezuela? ¿Acaso los factores de poder dominantes son parte de un bloque constitucional progresista?
Desde nuestro punto de vista, un ejercicio del poder con una interpretación regresiva, acomodaticia, que exalte la delegación del poder y que usurpe la soberanía popular constituye un ejercicio destituyente.
Eso es lo que se denomina histórica y comparativamente como una etapa de Termidor. Es decir, un ejercicio destituyente y contrarió a una revolución democrática permanente.
Cuando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en 1999 fue aprobada por el poder originario en referendo consultivo se realizaba el acto supremo de ejercicio de la soberanía popular. Luego, con la aprobación del nuevo texto constitucional mediante referendo popular se ratificaba el mismo principio de la soberanía popular directa.
En palabras claras de Chávez dirigidas a los amnésicos y a las nuevas generaciones capaces de pensar por sí mismas, el proceso constituyente comprendía al menos las siguientes fases:
1)  momento o fase del despertar del poder constituyente, 2) momento o fase de canalización institucional de la expansión explosiva: “El desafío fue entonces cómo hacer para convocar una Asamblea Constituyente por vía legal”, 3) momento o fase de la convocatoria a la Asamblea Constituyente mediante el poder originario: el referendo popular, 4) momento o fase de las elecciones para integrar la Asamblea Constituyente, 5) momento o fase asambleísta: “la asamblea deliberando y elaborando el nuevo proyecto de Constitución.”, 6) momento o fase de aprobación de la Constitución, 7) momento o fase ejecutiva, despliegue y concreción de la carta fundamental de derechos[x].
De modo que para Chávez al menos existió una concepción abierta, pacífica, democrática y flexible del proceso constituyente hasta el punto de contemplar situaciones de crisis institucional:
“La Constitución (de 1999) podrá tener muchos defectos, muchos vacíos, pero una de las maravillas que tiene, y que son bastantes, es que establece el mecanismo para que el poder constituyente no le sea expropiado al pueblo. En el caso de una crisis institucional política sin salida, queda siempre un recurso: que el pueblo, recogiendo firmas hasta un porcentaje determinado, o la Asamblea Nacional, o el Presidente de la República, puedan activar un Referéndum para reformar, enmendar, reestructurar o incluso elaborar un nuevo texto constitucional. Para realizar esto último, obviamente, habría que agotar las instancias previas.”[xi]
Recoge de manera inequívoca Chávez lo planteado en el año 1999, en aquella decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el anteproyecto de Constitución introducido por el mismo Presidente Chávez ante la ANC y las significativas discusiones contenidas en el Diario de Debates de aquella ANC, que dan cuenta de supremacía del principio de soberanía popular, siempre en concordancia con un conjunto de disposiciones  intangibles que fueron tomadas como referencia en las bases comiciales:
1. Las que se refieren a la forma republicana de gobierno; 2.- Las que aseguran el gobierno alternativo; 3.- Las concernientes a la forma democrática de gobierno; 4.- Las relativas a los derechos fundamentales; 5.- Las que, en las constituciones de tipo federal, establecen esa estructura gubernativa; 6.- Las que en términos generales prohíben contrariar el espíritu, propósito y razón de ser de una Constitución.
Desde su anteproyecto presentado por Chávez hasta su aprobación, la Constitución exigía que sea el pueblo el que pueda convocar una Asamblea Constituyente, pudiendo manifestarse tal convocatoria sólo mediante referendo, y que así votara también las bases comiciales sobre la integración de Asamblea Constituyente, garantizando el funcionamiento de la misma conforme a los valores, principios y garantías democráticas (art. 350), y entre ellas, el derecho fundamental a la democracia participativa (art.5).
No hacerlo así y argumentando “razones de Estado”, implicaría un ejercicio destituyente, desfigurando no solo todo lo planteado por Chávez en toda su trayectoria política, sino además y lo que es más grave, sustrayendo y usurpando la potestad exclusiva del poder originario para convocar una ANC, además para participar directamente con propuestas, demandas y peticiones con canales institucionales amplios y oportunos en los debates de la Asamblea Constituyente, así como para aprobar o no el nuevo Texto Constitucional mediante referendo popular.
Ciertamente allí residen las circunstancias y razones de fondo de la baja cantidad y calidad del llamado hecho constituyente desde 2017, pues ha significado nada más y nada menos que abrir una caja de pandora con los posibles rostros de Termidor.
No se trata sólo de revisitar el Golpe de Timón,  el Plan de la Patria o a las figuras del Socialismo Democrático y Bolivariano enunciadas por Chávez, hechos que pudieran ser utilizados como mitos consoladores y rituales conservadores (aunque merezcan su debida atención).
El asunto es mucho más graves dadas las actuales circunstancias derivadas de muchas maniobras erráticas desde el propio año 2015, en las cuales se ha pretendido asumir una actitud de “Desafío anti-imperialista”, deshaciendo a la vez el entramado que fundamenta el demos del poder constituyente, una temeridad política cuyas triquiñuelas son adornos de la peor crisis socioeconómica del país, crisis que no puede ser explicada con medias verdades, como los comodines de siempre (Guerra Económica dixit).
Se trata de que sin democracia social, participativa y protagónica, sin DEMOCRACIA INSURGENTE, sin soberanía popular efectiva, sin concreción de la Carta de Derechos de 1999, lo que hay es simple exuberancia de los laberintos del Poder Constituido.

REFERENCIAS:
[i] Chávez. Un hombre. Un pueblo. Entrevista con Marta Harnecker: http://www.rebelion.org/docs/97068.pdf
[iii] Miguel Abensour Democracia insurgente e institución: https://core.ac.uk/download/pdf/13318914.pdf
[iv] Javier Biardeau: Aportes críticos al debate sobre el legado de Chávez: algunas claves presentes sobre “populismo” y “democracia popular bolivariana” en el “Libro Azul”: https://www.aporrea.org/ideologia/a212708.html
[vii] Martín RETAMOZO: Enrique Dussel: Hacia una Filosofía política de la Liberación. Notas en torno a 20 tesis de política http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162007000100007
[viii] Enrique Dussel: 20 TESIS DE Política: https://enriquedussel.com/txt/Textos_Libros/56.20_Tesis_de_politica.pdf
[x] Chávez. Un hombre. Un pueblo. Entrevista con Marta Harnecker: http://www.rebelion.org/docs/97068.pdf. Revisar páginas: 26-27-28.
[xi] Chávez. Un hombre. Un pueblo. Entrevista con Marta Harnecker: http://www.rebelion.org/docs/97068.pdf: Revisar página 41.

¿REFERENDO PARA APROBAR UN PROYECTO CONSTITUCIONAL SECRETO, NI DEBATIDO NI PUBLICADO?

Javier Biardeau R.
Uno de los temas de la actual agenda política es la posibilidad de que sea convocado un referendo aprobatorio acerca de un nuevo Proyecto Constitucional, que sin haber sido debatido públicamente,  sustituiría parcial o totalmente los principios y normas contenidas en la Constitución de 1999[i].
De nuevo, el contraste flagrante entre el procedimiento y fondo de la convocatoria y desarrollo de la Asamblea Constituyente de 1999 y la del órgano presidencial constituyente del año 2017 muestra todas sus costuras.
Tal “Proyecto” que el Gobierno y su “órgano constituyente” preparan con la mayor denegación de publicidad y debate nunca visto, se desarrolla en la mayor opacidad, no sólo ante la mirada atónica de los integrantes del propio oficialismo en el interior del “órgano constituyente”, sino además, sin dar la cara a los diferentes actores sociales y políticos que constituyen la más amplia pluralidad del país.
Compárese sólo tal denegación actual de publicidad y debate del “órgano presidencial constituyente” con el debate constituyente del “Trienio Adeco”, o con la propia Asamblea Constituyente convocada por referendo popular mediante Decreto del Presidente Hugo Chávez en 1999, para evidenciar que estamos ante un quiebre de los mínimos estándares democráticos.
La percepción generalizada es que tal Proyecto Constitucional es un “proyecto secreto”, y por tanto sospechoso de formar parte de una agenda determinada por una modalidad  autoritaria de hacer política, modalidad que formaría parte integral de la edificación y consolidación de un régimen de Partido-Estado, una suerte de regresión histórica y de “calco y copia” a los perfiles más autoritarios del histórico PRI Mexicano o a las mohosas experiencias del Socialismo Burocrático del siglo XX.
Adicionalmente, y si ya el cuadro político no fuera delicado, una de las ofertas en presuntas conversaciones[ii] (también secretas) entre algunos sectores de la oposición y del Gobierno sería incluir una disposición transitoria  en la “nueva constitución” que “obligaría a relegitimar todos los poderes, incluyendo la presidencia, en un plazo de 180 días posteriores a la aprobación de esa constitución. Bajo tales condiciones, en el alto gobierno dan por  seguro que esa “Constitución” se va a aprobar porque contarían con que la mayoría de los opositores a tal proyecto apostarían únicamente por la ruta de la abstención”.
Al parecer, al Gobierno le conviene polarizar con figuras como María Corina Machado y con las voces más radicales de la presión política exterior, como Marcos Rubio y Almagro, para mantener la sensación de doble amenaza (la “derecha neoliberal” y el “imperialismo injerencista”) que cohesionaría por “conformidad de masas” a sus propios seguidores y partidarios. De no ser así, se incrementaría el hervidero interno, el descontento en las bases sociales del proceso que lideró Chávez, y que hoy se debate en evidentes conflictos entre corrientes alternativas y facciones de poder.
En este contexto de alta temperatura, las declaraciones del dirigente adeco Henry Ramos Allup[iii] como de María Corina Machado[iv], contrastan y apuntan al centro de gravedad de los dilemas de un campo opositor actualmente fracturado, disperso y desarticulado, cuando el primer vocero llama a participar en un escenario de referendo y la segunda vocera a abstenerse ante tal posibilidad.
Para la oposición ambos llamados muestran precisamente su fractura y desarticulación, lo cual maximiza en términos del realismo político las oportunidades de victoria del Gobierno.
Henry Ramos Allup ha manifestado que si el Gobierno sometiera a referéndum una nueva constitución, los venezolanos deben aprovechar tal oportunidad para derrotarlo, demostrando el profundo rechazo del país al “régimen de Nicolás Maduro”:
“Se dice que el Gobierno va a someter a referendo una constitución cuyo texto ni siquiera la propia Constituyente del Gobierno conoce porque ese texto lo está manejando un grupito de tres o cuatro sin que la mayoría de los integrantes de ese foro del Gobierno sepa. Pero bueno. Si someten a referendo esa constitución ¿Qué hacemos? ¿Vamos a decir que como la ANC es írrita, cualquier cosa que hagan tenemos que seguir cruzados de brazos? ¿O aprovechamos esa oportunidad, siendo como es este un Gobierno ilegítimo, para derrotarlo si todos salimos a votar?”
En la otra acera, María Corina Machado, Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, plantea que nadie puede convalidar unas elecciones “falsas” y que sean tuteladas por la “constituyente cubana”:
“Hoy Venezuela tiene una dirección política resteada con el quiebre. A aquellos que hoy hablan de un nuevo proceso electoral para reconocer a la constituyente y darle más tiempo al régimen, les decimos: No aceptamos más operaciones fraudulentas. Aquí no puede haber nadie que convalide falsas elecciones tuteladas por la constituyente cubana”.
Pero no todas las voces de la oposición provienen de aquellos sectores tradicionales que se opusieron al desarrollo del proceso bolivariano, sean socialdemócratas, socialcristianos o neo-liberales.
También desde sectores de izquierda, algunos de los cuales se han deslindado del Gobierno, de la bicefalia Maduro-Cabello y de la dirección del PSUV, entre la cuales puede citarse a los textos de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución[v] (PCDC) han señalado que:
“Sea o no ésta la intención del gobierno de Maduro-PSUV, no es posible derogar la Constitución Bolivariana e imponer un nuevo orden constitucional sin la consulta al pueblo soberano en Referendo universal, directo y secreto. Este referéndum, sería una extraordinaria oportunidad para que más del 80% de los venezolanos y venezolanas que nos oponemos al gobierno autoritario de Maduro y compañía, reivindiquemos la democracia participativa y protagónica consagrada en nuestra constitución aprobada en 1999 y ratificada en 2007 por el pueblo, demos un paso al frente para rechazar la constitución madurista y reafirmemos la plena vigencia de la constitución bolivariana.”
Todas estas posiciones vuelven a evocar los debates que rodearon la controvertida convocatoria presidencial a una Asamblea Constituyente en el año 2017, hecho que fue cuestionado por constitucionalistas calificados, tanto de derechas como de izquierdas (incluso de quienes apoyaron a Chávez para impulsar la convocatoria a una Constituyente vía referendo popular en el año 1999  y que consideran ilegal e ilegítima la convocatoria realizada por Maduro en el año 2017).
Y para navegar en aguas teóricas todavía más profundas, aún hoy hay analistas superficiales y actores políticos que no se han paseado por las flagrantes contradicciones entre la concepción jurídico-política sostenida por la Sala Constitucional del TSJ en su sentencia 378[vi] para legitimar el “órgano presidencial constituyente”, y los propio planteamientos de Chávez en esta materia en pleno año 2012, expresados a viva voz con motivo del inicio de aquel año judicial[vii].
En aquel evento quedó meridianamente clara su defensa principista de los referendos populares de convocatoria y de aprobación constituyente como métodos ejemplares del ejercicio de la democracia participativa, cuestionando así los límites y restricciones materiales de la Democracia Representativa y del “Estado liberal-Burgués”. Chávez llamo en todo el año 2012 a construir “un Estado liberador, democrático, social”[viii] que contrastaba con  el Estado burgués, el “Estado representativo burgués”, que le quita el poder al pueblo. En aquel evento en el propio TSJ, Chávez planteo literalmente Chávez (para amnésicos y taimados):
“Es justo reconocer que el quiebre inicial del modelo representativo extremo se había producido con la sentencia de la Sala Político Administrativa de la antigua Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia de Humberto La Roche, de fecha 21 de enero de 1999, que abrió la vía a la Asamblea Nacional Constituyente, y consagró el derecho a la participación política, y concretamente al mecanismo referendario con base en el preámbulo, Artículo 4 y 50 de la Constitución de 1961, Artículo 181 y 234 de la Ley Orgánica del Sufragio, Participación Política, y 42, Ordinal 24 de la antigua Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
La democracia participativa se manifiesta en las distintas modalidades referendarias ya referidas: referéndum consultivo, revocatorio, aprobatorio y abrogatorio, y en el Poder Popular que no es más que la concreción del ejercicio directo de la soberanía, de conformidad con el Artículo 5 de la Constitución. Democracia participativa es democracia directa, y sus expresiones son medios de participación y protagonismo del pueblo, no una representación del cuerpo electoral, democracia representativa.”
De modo, que cuando la sentencia 378 sustrae la convocatoria de la constituyente mediante referendo popular, lo que realiza es una liquidación de la democracia participativa planteada, como quedó en evidencia indiscutible por Chávez, para interponer una barrera propia de la democracia burguesa. Leamos:
“En efecto, el  pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.”
Queda expuesta la flagrante contradicción entre la concepción jurídico-política que defendió Chávez hasta sus últimos años como Jefe de Estado y de Gobierno, y la casuística jurídico-política que quebró la posibilidad misma de convocar bajo el mandato de la soberanía popular a una Asamblea Constituyente de plena legitimidad y derecho.
De modo, que al viciado origen de la convocatoria, ahora se le agrega la posibilidad de un referendo a un proyecto, que a ciencia cierta solo conoce un pequeño grupo de decisión política que actúa en nombre de la representación de la soberanía popular, ahora delegada por los fundamentos de un “decisionismo” que corresponde a un pensamiento de extrema derecha (Carl Schmitt y sus cachorros intelectuales).
Los debates sobre el referendo a tal proyecto constitucional ahora  de carácter secreto, también remiten a las condiciones electorales necesarias para otorgarle confianza a un órgano electoral que ha sido cuestionado, sobremanera desde el año 2016 por sus actuaciones reñidas con principios axiológicos fundamentales de un proceso electoral, como lo son la confiabilidad, transparencia, imparcialidad, equidad,  igualdad, la participación popular y la celeridad, entre otros.
La “independencia orgánica” de las decisiones del Poder Electoral de los lineamientos políticos del PSUV y del Poder Ejecutivo no parece ser tal, mellando su imparcialidad y su confiabilidad. De modo que lo que está en suspenso es nada más y nada menos que “la preservación de la voluntad del pueblo, expresada a través del voto en ejercicio de su soberanía” (LOPE, art 2).
Sin embargo, el realismo político pudiera argumentar que Chávez derrotó a la partidocracia adeco-copeyana, incluso teniendo en contra cualquier artera maniobra de aquel “Consejo Supremo Electoral” también sin que diera muestras de despartidización alguna. Esa es una verdad histórica.
Pero tampoco el actual órgano electoral ha garantizado luego de las elecciones parlamentarias del año 2015 un auténtico clima de pluralismo político con elecciones libres y justas, en las cuales no opere ningún mecanismo de coacción directo o indirecto del acto del sufragio, además que ha facilitado acciones y decisiones para la cancelación de partidos existentes, negado la legalización de nuevas opciones electorales “no convenientes” para el actual régimen político, y minimizando además el papel de un equilibrado y robusto acompañamiento electoral internacional para otorgarle credibilidad a todas las fases del proceso comicial.
Cualquier sombra de parcialización del órgano electoral no contribuye en nada a incentivar la participación popular ni a otorgarle confiabilidad a unos resultados electorales emitidos en boletines oficiales, ni dentro ni fuera del país, lo cual no redunda en un proceso de consolidación de la institucionalidad democrática.
Aquí cabe otra comparación histórica con las históricas elecciones donde el PRI Mexicano se pagaba y se daba el vuelto.
De manera que muchos retos y dilemas se avecinan con celeridad ante las informaciones que circulan sobre un referendo constitucional.
No parece cierto que se esté construyendo un nuevo contrato social y político en condiciones pacíficas y justas, tal como la intentaba fundamentar la sentencia 378 de Sala Constitucional del TSJ, sino que se está jugando a un nuevo episodio de una historia en la cual sobresalen las maniobras para el objetivo de controlar y conservar el poder.
Pero también es cierto es que la paja está seca como para ensayar con pasión desmesurada aquellas fórmulas electorales que se basan en la vieja maniobra autoritaria: ¡Si no gano, arrebato!... ¡Y como sea!…
Los escenarios siguen abiertos.







LA HISTORIA A CONTRAPELO Y EL MANUAL DE LAVADO DE CEREBRO DE UNA DISTOPÍA:

 Javier Biardeau R

“Como en toda historia previa, quienquiera que resulte triunfador seguirá participando de ese triunfo en el que los gobernantes de hoy marchan sobre los cuerpos postrados de sus víctimas. Como de costumbre, los despojos se llevan en alto en ese desfile triunfal. A éstos se les llama generalmente la herencia cultural. Esta última encuentra un observador bastante distante en el materialista histórico. Pues tales riquezas culturales, cuando él las repasa, delatan un origen que él no puede contemplar sin horror. Deben su existencia no sólo a los afanes de los grandes creadores que las han producido, sino asimismo a la fuerza de trabajo anónima de los contemporáneos de estos últimos. No ha habido nunca un documento de cultura que no fuera a la vez un documento de barbarie.” Walter Benjamin, «Tesis sobre la filosofía de la historia», VII
La moda husmea lo actual dondequiera que lo actual se mueva en la jungla de otrora. Es un salto de tigre al pasado. Sólo tiene lugar en una arena en la que manda la clase dominante. El mismo salto bajo el cielo despejado de la historia es el salto dialéctico, que así es como Marx entendió la revolución. Walter Benjamin, «Tesis sobre la filosofía de la historia», XIV
El mayor mérito de El Espíritu de la Utopía de Bloch es haber negado con toda intensidad la significación política de la teocracia. Walter Benjamin, FRAGMENTO POLITICO-TEOLOGICO
Esta labor de destrucción del viejo Poder estatal y de su reemplazo por otro nuevo y verdaderamente democrático es descrita con todo detalle en el capítulo tercero de La Guerra Civil. Sin embargo, era necesario detenerse a examinar aquí brevemente algunos de los rasgos de este reemplazo por ser precisamente en Alemania donde la fe supersticiosa en el Estado se ha trasladado del campo filosófico a la conciencia general de la burguesía e incluso a la de muchos obreros. Según la concepción filosófica, el Estado es la "realización de la idea", o traducido al lenguaje filosófico, el reino de Dios en la tierra, el campo en que se hacen o deben hacerse realidad la verdad y la justicia eternas. De aquí nace una veneración supersticiosa hacia el Estado y hacia todo lo que con él se relaciona, veneración que va arraigando más fácilmente en la medida en que la gente se acostumbra desde la infancia a pensar que los asuntos e intereses comunes a toda la sociedad no pueden ser mirados de manera distinta a como han sido mirados hasta aquí, es decir, a través del Estado y de sus bien retribuidos funcionarios. Y la gente cree haber dado un paso enormemente audaz con librarse de la fe en la monarquía hereditaria y jurar por la República democrática. En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por otra, lo mismo en la República democrática que bajo la monarquía; y en el mejor de los casos, un mal que el proletariado hereda luego que triunfa en su lucha por la dominación de clase. El proletariado victorioso, tal como hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los peores lados de este mal, hasta que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo ese trasto viejo del Estado. F. Engels. 1891
Decía Frederic Jameson en un texto de inspiración programática[1] para el campo  de la izquierda que la política radical ha oscilado entre dos opciones: a) una visión saint-simoniana de la ingeniería social y colectiva y b) una Utopía fourieriana de gratificación libidinal; es decir, entre la formulación leninista de 1920 del comunismo como «los soviets más la electrificación» (una idea de compatibilizar el poder popular con una tesis de modernización vía tránsito desde el capitalismo de estado) y alguna celebración más propiamente marcusiana de los años 1960 que celebraría una «política del cuerpo» erótico (una liberación del cuerpo y la palabra más cercana al pensamiento 1968 y contracultural).
El problema, ciertamente, no es meramente el de las respectivas prioridades de esos dos «niveles» (desarrollo de las fuerzas productivas junto a cambios en las correlaciones de fuerzas, por una parte, o emancipación subjetiva desde la microfísica de las relaciones de poder), tampoco es meramente interpretativo y hermenéutico, sino también práctico y político, como lo demuestra el destino del movimiento contracultural de los años 1960, o si se prefiere en una onda de “revoluciones desde el tercer mundo” el destino de la revolución cultural china, de la revolución argelina o de la revolución cubana en sus procesos de institucionalización de sus propios regímenes políticos y sus estilos-modelos de desarrollo.
Decía Daniel Bensaid[2] que "La izquierda debe elegir entre la resignación y el rechazo del chantaje liberal según el cual toda perspectiva de cambio radical debería conducir a un nuevo desastre totalitario."
Algunos citan la frase de Walter Benjamín[3] acerca de la tarea del historiador que se oriente por el materialismo histórico, la de “pasarle a la historia el cepillo a contrapelo” (die Geschichte gegen den Strich zu bürsten) Se trata de una de las más citadas frases de las tesis sobre la historia, epígrafe de un sinnúmero de escritos de diversos autores que se afirman en ella para dar cuenta de su punto de vista, convocando por su medio a escribir otra historia. Incluso algunos llegan a proponer una inversión especular de la historiografía hegemónica, de modo que escribir la historia de los vencidos es simplemente narrar sus historias ejemplares de modo de construir figuras que promuevan o se presten a otras  identificaciones imaginarias o simbólicas.
Tal como ha cuestionado Roberto Pittaluga[4], se trataría versiones especulares de la historiografía dominante, construyendo otros tantos relatos épicos, por lo que escribir la historia de los vencidos:
“…son por tanto empeños que tienden a erigir un nuevo panteón de héroes, y que incluso, disimuladamente o no, conservan la idea de progreso al interpretar las luchas del pasado como etapas de una historia acumulativa.
De este modo, pasarle el cepillo a contrapelo fue entendido en su primera capa de sentido, como, acotadamente, contar otra historia, la de los subalternos, la que no forma parte de las narraciones de los vencedores. Pero al detenerse en ese nivel de significación, los pilares de la concepción de la historia de la cual Benjamin nos insta a apartarnos, quedan así incólumes, mientras se hacen romas las puntas de las afiladas lanzas epistemológico-críticas de las tesis”.
Sin embargo, como ha planteado Löwy cepillar la historia a contrapelo es ir a contracorriente de la versión oficial, oponiéndole a ésta la tradición de los oprimidos. La revolución o la redención no serán el resultado del curso natural de los acontecimientos, del “sentido de la historia”, del progreso inevitable, habrá que “luchar contra la corriente”.
Como ha planteado Michel Löwy  hay tres temáticas interrelacionadas en la formulación de Benjamin: la cuestión de la empatía con los vencidos; la problemática cultura/barbarie y, finalmente, la sentencia de cepillar la historia a contrapelo.
La empatía con los vencedores  implica una  actitud conformista y servicial para con los vencedores, del mismo modo que se comportaban los cortesanos de antaño o con los historiadores historicistas del presente, quienes hacen historia sometidos a la facticidad y por ello, a la metáfora del “cortejo triunfal”.
Como ha afirmado Pittaluga:
“El materialismo histórico que Benjamin propone debe entonces reformular la relación entre pasado y presente, esto es, debe postular un régimen de temporalidad tal que permita la plena construcción de lo histórico, un régimen en el cual el presente abra determinado pretérito y éste mute su estatuto en relación a lo actual.”
Que el presente abra determinado pretérito implica dar cuenta de las posibilidades que se abren en la operación historiográfica, ya sea de legitimación/apología del presente o de construcción de nuevas líneas de fuerza y sentido. También la historia a contrapelo significa  la doble posibilidad de lectura de todo documento de cultura, pues allí hay que registrar no solo un patrimonio acumulado sino la barbarie que lo hizo posible.
Este enlace hasta ahora inescindible de cultura y barbarie se prolonga en la transmisión entre generaciones del acervo documental, de la cualificación y construcción de los archivos legítimos, al vertebrarse en una hermenéutica de la transmisión de los vencedores que garantiza la reproducción de la dominación. La barbarie no reside solamente en el documento de cultura sino también en su transmisión, en la tradición por la cual nos llega como “historia”.
De modo que los tipos de transmisión se vinculan también con la problemática de los legados, patrimonios y las herencias culturales, con sus modos de interpretarlas para justificar determinadas orientaciones políticas. El peligro de esa transmisión dominante es que es un medio —un médium tal como lo plantea la mediología de Regis Debray— en el que se modelan los sujetos de la recepción, un terreno político-cultural del que emergen el conformismo y la complacencia con el statu quo, la disposición servicial “como herramienta de la clase dominante”.
Así, cepillar a contrapelo la historia es también la figura de una escritura que implica romper esa unidad significativa de los hechos en torno a su continuidad y direccionalidad, es decir, lo que también desde otra coordenadas Michel Foucault evocaba en sus crítica a la teleología y el origen en la historia, revalorizando la singularidad de cada acontecimiento, sin someterlo a su empalme perfecto con los demás, es decir, como continuidad de un proceso histórico.
Lo que emerge como narración histórica si se “cepilla a contrapelo” ya no es una dirección y una continuidad de la historia sino un enmarañamiento donde emergen los acontecimientos. Se trata de menos temporalidad vacía, homogénea y continua, y mucho más de multi-temporalidad y poli-ritmos de lo histórico. Al pasar el cepillo a contrapelo no se obtiene  una historia épica de héroes proletarios u oprimidos. Su resultado no es Uno sino múltiple. No se trata de hacer historia de los subalternos bajo la misma lógica o perspectiva de la historiografía hegemónica, descartando la historia crítica a favor de la historia monumental o a la historia de anticuario, tal como las describieron tanto Nietzsche como Foucault.
Benjamin piensa que la inteligibilidad y la constitución de lo propiamente histórico emergen de una colisión entre las huellas del pasado y la situación del presente. Es en ese choque entre los tiempos (que es a la par encuentro) que aflora lo histórico, y la tarea del historiador materialista consiste en “hacer saltar la época de la «cósica continuidad de la historia»”, cargándola “de material explosivo”, es decir, [de] presente”.
La historia no es cosificación ni objetivación clausurada sino apertura al acontecimiento. El contrapelo benjaminiano exige una lectura de los signos (las marcas y documentos) del pasado en el presente, que es como el pasado nos llega. El pasado es construido, creado a partir de esa lectura de las huellas en el presente como si éste fuera un texto, pero esas huellas son improntas que exigen ser leídas entrelineas y como huellas invertidas.
La relación pasado-presente deja de ser mera instancia cronológica, y la historia crítica instaura una capacidad anacrónica para valorar el presente como irrupción, como instancia política de conflicto y peligro, abierta a potenciales cambios de rumbo, es decir, albergando, también, su propio chance revolucionaria. Se trata del desplazamiento de Cronos por Kairos:
El nuevo método dialéctico de la historiografía se presenta como el arte de experimentar el presente como el mundo de la vigilia al que en verdad se refiere ese sueño que llamamos pasado. ¡Pasar por el pasado en el recuerdo del sueño! —Por tanto: recordar y despertar son íntimamente afines. Pues despertar es el giro dialéctico, copernicano, de la rememoración” (Benjamin)
De este modo, el pasado en cuestión, aquél cuyo recinto ha abierto el presente, es el que interrumpe la tradición (y la transmisión) dominante: aquél que no tuvo continuidad, que no tuvo futuro. “Sólo para ella [la clase oprimida que lucha] y únicamente para ella hay conocimiento histórico en el instante histórico, es una dimensión de la lucha de los oprimidos, que no puede escindirse completamente de ese conflicto; es también momento de ese conflicto.
Sin embargo, aquí cabe contrastar a Benjamín con Foucault[5], pues para este ultimo la tarea genealógica arroja por la borda cualquier consideración a la utopía. A pesar del interés de Foucault por los acontecimientos, por las luchas, azares y fuerzas enfrentadas, su historia está condenada a una meta-narrativa encubierta:
“La humanidad no progresa lentamente, de combate en combate, hasta una reciprocidad universal en la que las reglas sustituirán para siempre a la guerra; instala cada una de estas violencias en un sistema de reglas y va así de dominación en dominación.”
El eterno retorno de lo mismo: de dominación en dominación, pareciera convertirse en un círculo vicioso: la vieja tesis Paretiana y de Gaetano Mosca de la circulación de las elites o de una clase política, hasta llegar finalmente al dictum de las revoluciones como “cementerio de las elites”
En cambio, para Benjamín hay que incrustar tres momentos en los fundamentos de la concepción materialista de la historia: la discontinuidad del tiempo histórico; la fuerza destructiva de la clase trabajadora y la tradición de los oprimidos. No se trata sólo de “apoderarse de la tradición de los oprimidos, sino también de fundarla”.
Semejante distinción nos permite distinguir la prioridad, dentro de la tradición marxista, de una «hermenéutica positiva» basada en la clase social, frente a las que siguen limitadas tanto por las categorías anarquistas del sujeto individual y la experiencia individual, o por el descentramiento radical de cualquier categoría de sujeto tan cara al pensamiento post-estructuralista, incluyendo la oscilaciones de Foucault entre la desaparición del sujeto, las tecnologías del yo y una estética de la existencia.
Sin embargo, la función demoledora de la historia crítica de Foucault puede ser articulada a la función de anticipación utópica propuesta por Benjamin, siempre que la utopía se la lleve de la mano de los peligros de su sombra; es decir de las distopías.
Si el término utopía pudo designar aquel proyecto o doctrina que se consideraba idóneo, pero inviable por sus métodos o de difícil puesta en práctica en las circunstancias históricas del presente, la utopía no dejo de asociarse a la esperanza.
Debido a su importante carga idealista y de fantasía constructiva, la utopía ofrece el suelo para formular y diseñar sistemas de vida en sociedad alternativos. Tomás Moro, impresionado por las narraciones extraordinarias de Américo Vespucio sobre la isla de Fernando de Noronha, que fue avistada por los europeos en 1503, consideró que en esa misma isla se podría construir una civilización perfecta.
La utopía era una sociedad comunal, racionalmente organizada, donde las casas y los bienes serían propiedad colectiva y no individual, y las personas pasarían su tiempo libre en la lectura y en el arte, pues no serían enviadas a la guerra, excepto en situaciones extremas; por lo tanto, esta sociedad viviría en paz, felicidad, justicia y en plena armonía de intereses.
Por otra parte, la distopía es la cara opuesta, negativa, de la utopía, y su pasión dominante es la desilusión y el miedo; es decir, apelar a la distopía es una forma de disuasión que puede contener elementos reaccionarios para justificar que lo existente es mucho mejor que cualquier sueño utópico.
En este sentido, la distopía explora las realidades fantaseadas para anticipar cómo ciertos métodos de conducción de la sociedad podrían derivar en sistemas totalitarios, injustos y espantosos. Como tal, la distopía designa un tipo de mundo imaginario, recreado en la literatura o el cine, que se considera indeseable.
La palabra distopía se forma con las raíces griegas δυσ (dys), que significa ‘malo’, y τόπος (tópos), que puede traducirse como ‘lugar’.
La distopía plantea un mundo donde las contradicciones de los discursos ideológicos con la experiencia y las prácticas efectivas son llevadas a sus consecuencias más extremas.
De allí que la distopía advierta sobre los peligros potenciales de las ideologías y de las utopías. No es casual que se cite tanto a 1984 de Orwell o al Mundo Feliz de Huxley para recrear el mundo de vida del totalitarismo, los regímenes dictatoriales, despóticos o autoritarios.
Vale la pena llevar de la mano las llaves de la esperanza junto con el “realismo” de las experiencias enlazadas a las energías de una “utopística” concreta, cuyas contradicciones efectivas en sus intentos de realización, sobremanera las experiencias derivadas del imaginario del socialismo revolucionario soviético, han llevado al grado cero de anticipación utópica, es decir, a condenar el futuro en nombre del fin de las ideologías (Bell) o del fin de la historia (Fukuyama).
Vale la pena detenerse en un ficcionado “Manual de lavado de cerebro para operadores psico-políticos de una sociedad distópica” para encontrar los riesgos y peligros de una utopía que condene a la basura o a la hoguera a cualquier filosofía de la libertad, o que sacrifique en el altar de un colectivismo despótico las energías singulares por ampliar los espacios de libertad.
No hay que olvidar nunca que la violencia puede dar a luz un poder de hecho, pero no puede ni suscitar ni perpetuar por sí sola el consentimiento. Este último supone una "dominación simbólica" (Weber), mediante la cual los sometidos incorporan los principios de su propia sujeción.
La tragedia del experimento bolchevique, con Lenin a la cabeza, fue hablar de un semi-estado en la transición (El Estado y la Revolución) para terminar denunciado al llamado Estado con deformaciones burocráticas en su visible y palpable burocratización.
Peor aún, las apelaciones a los mandatos de una "vanguardia política" con una ética completamente licuada (la metástasis de la corrupción) y con una investigación científica inexistente (el culto a la ignorancia y la incompetencia) conducen directamente a las distopías.
Si el término “Distópico” fue usado por primera vez por John Stuart Mill en 1868 y es definido por El Oxford English Dictionary como “un sitio o una situación imaginaria en donde todo lo que es malo es posible”, vale la pena detenerse a cuestionar también a toda realidad existente en el presente en la cual lo que se realiza o actualiza es injustamente la tesis: “todo lo que es malo es posible”.
Deleuze y Guattari plantearon: “Es muy fácil ser antifascista al nivel molar, sin ver al fascista que uno mismo es, que uno mismo cultiva y alimenta, mima, con moléculas personales y colectivas.”
De allí la función crítica de Foucault cuando escribió: Introducción  a la vida no fascista, justamente como prólogo al anti-Edipo. Allí dedica unas frases a los burócratas de la revolución y a los funcionarios de la Verdad, en una época donde no se hablaba el lenguaje de varapalo de la post-verdad. Y allí también Foucault identificó al peor enemigo: el fascismo:
“…el mayor enemigo, el adversario estratégico (mientras que la oposición de El Anti-Edipo a sus otros enemigos constituye más bien un compromiso táctico): el fascismo. Y no solamente el fascismo histórico de Hitler y Mussolini –que supo movilizar y utilizar muy bien el deseo de las masas- sino también el fascismo que reside en cada uno de nosotros, que invade nuestros espíritus y nuestras conductas cotidianas, el fascismo que nos hace amar el poder, y desear a quienes nos dominan y explotan”.
Para no amar el poder y desear a quienes nos dominan y nos explotan, sirvan estas pequeñas líneas del Manual que deben ser leídas a contrapelo:
1) Los individuos y el Estado están enfermos donde los objetivos no son codificados e alineados rigurosamente. Sin lealtad a la organización dirigente entonces hay traición y desafección...
2) Todas las metas derivan de la coacción. Sin el castigo y la amenaza no puede haber ningún esfuerzo. Sin el dolor no puede haber ningún deseo de escaparse del dolor. Sin la amenaza del castigo no puede haber ninguna ganancia.
3) Sin la coacción y el mando no puede haber ninguna alineación de las funciones corporales. Sin el control directo o indirecto, no puede haber ninguna meta cumplida para el Estado.
4) "Donde la obediencia o el conformismo fallan, las masas sufren".
5) Los objetivos de Estado dependen de la lealtad y la obediencia de cada individuo para su logro. Un objetivo de Estado no debe ser interpretado sino obedecido. Cuando se interpone la iniciativa egocéntrica se interrumpen los objetivos.
6) Los objetivos del Estado son interrumpidos cuando una persona o grupo muestran deslealtad y desobediencia como resultado directo de su propia desalineación con la vida.
7) No siempre es necesario eliminar al individuo. Se trata de eliminar sus tendencias autónomas en función de la mejora de los objetivos y ganancias de la organización dirigente.
8) Se deben administrar castigos, cuando los individuos egocéntricos muestran falta de cooperación con la organización dirigente.
9) En el campo de la Psico-política, la lealtad significa "ajuste" y "alineación" a las metas de la organización dirigente.
10) La cura o correctivos de la deslealtad está enteramente contenida en los principios del "ajuste", "pertenencia al anillo" y la "alineación"
11) Hay que convencer a los individuos en que hay fuentes negativas y fuentes positivas de lealtad, las negativas deben ser asociadas a sufrimientos y privaciones, las positivas a esperanzas y beneficios.
12) A los individuos egocéntricos, no alineados y desobedientes hay que mostrarles que su deslealtad provoca circunstancias físicas peligrosas: encarcelamiento, falta del reconocimiento y privaciones.
13) Un individuo no alineado debe ser convencido mediante la coacción para abandonar y difamar lealtades previas y aceptar la nueva lealtad implantada por la organización dirigente.
14) La persona a ser destruida debe estar involucrada en el estigma de la locura, y debe haber sido puesta como blanco por operadores de acción psicológica, con una cantidad máxima de tumulto, difamación y publicidad negativa.
15) Donde algún liderazgo no es susceptible a nuestros mandatos, donde resiste todas las persuasiones y podría volverse peligroso para la causa de la organización dirigente, ningún dolor o sufrimiento debe ahorrarse hasta lograr su rendición.
16) Las lealtades, su ajuste y su re-alineación es el tema de la conquista no armada de un enemigo, adversario u oponente.
17) El uso más bárbaro, desenfrenado, brutal de la fuerza, si es llevado suficientemente lejos, invoca la obediencia.
18) Cualquier organización que tiene el valor de exhibir inhumanidad, salvajismo y brutalidad, será obedecida. Tal uso de la fuerza es, por sí mismo, el ingrediente esencial de su grandeza.
19) La obediencia es un tema de creencia, para obedecer hay que implantar la fuerza de creer, y para creer hay que pensar con fuerza de manera ajustada y alineada.
20) La obediencia más óptima es la obediencia irreflexiva. El mandato dado debe obedecerse sin ninguna racionalización, implantarse debajo de los procesos de alerta y lograr reacciones de modo automático.
21) “El militante-soldado no piensa, el militante-soldado obedece"
22) Un estímulo suficientemente instalado permanecerá como un mecanismo de policía dentro del individuo para causar que él siga los mandatos e  instrucciones. Si él fallara, un nuevo mecanismo del estímulo debe entrar en acción, asociado en todo momento a la amenaza o al castigo.
23) El cuerpo es menos capaz de resistir a un mandato si tiene comida insuficiente y está cansado. Los mandatos deben ser administrados a los individuos cuando su capacidad de resistir ha sido reducida por privación y agotamiento.
24) Drogar al individuo causa un agotamiento artificial, y si es drogado, o shockeado y golpeado, y se le da una cadena de órdenes, sus lealtadespueden reorganizarse a nuestro favor. Esto es P.D.H. (Pain-Drug Hypnosis).
25) Los cambios de lealtades, obediencias, y fuentes del mando pueden ser ocasionados fácilmente por  tecnologías psico-políticas.
26) La degradación del enemigo puede lograrse mucho más insidiosamente y mucho más eficazmente por la difamación consistente y constante.
27) Hay una curva de la degradación que lleva hacia abajo hasta un punto donde la resistencia de un individuo está casi al final, y cualquier acción súbita hacia él lo pondrá en un estado de conmoción (shock) y derrumbe.
28) Cualquier desobediente o amenaza a las normas de la moral del Estado debe ser sometido a "tratamiento mental".
29) Cualquiera que presente indicios mentales o fantasías sobre actos preparatorios de un plan, adquisición o adaptación de instrumentos, o asociación o actividad dirigida a afectar la moral del Estado debe ser castigado.
30) Las mayores penas y castigos debe ser ejecutadas a cualquiera que exprese por cualquier medio o soporte una fantasía que quebrante las normas de la moral estatal.
31) Ninguna gratificación para los desafectos de la organización dirigente.
Tomar la historia a contrapelo es precisamente iluminar el instante donde la tradición de los oprimidos, como sujetos de clase, grupo o como singularidades, se bifurca con tiempo irreversible de cualquier composición con los estratos y estados del fascismo o del colectivismo despótico.
Nunca estará de más recordar al viejo Engels[6]:
“El proletariado victorioso, tal como hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar inmediatamente los peores lados de este mal, hasta que una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo ese trasto viejo del Estado.”
Y los peores lados de este mal son la violencia y la represión no consentidas por los ciudadanos y el derecho de parte de los órganos del Estado.
Requerimos de menos distopías y muchas más utopías, de forjar una generación futura, educada en condiciones sociales nuevas y libres, que pueda deshacerse de todo ese trasto viejo del Estado.

NOTAS:
[2] Daniel Bensaïd. Teoremas de la resistencia a los tiempos que corren: https://www.marxists.org/espanol/bensaid/2004/001.htm