Estudiantes durante la reforma de Cordova-1918Javier Biardeau R.
Cuando uno escucha a rectores y rectoras, vice-rectores y vice-rectoras, decanos y decanas, directores y directoras de escuelas, consejos universitarios, de facultades o de escuelas, declarar sobre su intención colectiva e institucional de dialogar, debatir o asumir las tareas de las transformaciones universitarias, uno comprende con sano escepticismo que la mitad de propuesta es un discurso de galería mediática, otra parte es un guión pre-establecido para no cambiar absolutamente nada, y el resto se debate en un pequeño espacio para la simulación de la discusión (hasta llegar al agotamiento de la misma), para finalmente llegar a la conclusión que indica que desde el poder instituido de las universidades no habrá transformación alguna. Repito, desde el “poder instituido” de las universidades no habrá transformación significativa alguna.
Lo más resaltante de esta patética sub-cultura del “no debate”, de liquidación de la auto-reflexión crítica sobre los propios fundamentos, justificaciones, finalidades y responsabilidades del espacio de racionalidad instalado hegemónicamente, como armazón de sentido de la institución universitaria, es cómo un discurso autoritario, moderno, de razón suficiente, cancela los espacios de libertad, creación, de transformación, de contestación intelectual, ético-cultural, social y política.
Pues las universidades, no son meros espacios donde abundan las representaciones del “Homo Academicus”, en sentido de: a) contribuciones doctrinarias en el esclarecimiento de los problemas nacionales, b) búsqueda de la verdad para afianzar los valores trascendentales del hombre, c) formación de los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso, d) inspiradas en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se exponen y analizan de manera rigurosamente científica, d) al servició de la Nación.
No, estimados lectores, esa visión normativa de la Ley de Universidades reformada en 1970 luego de una ocupación militar dirigida por las fuerzas del pacto de punto-fijo a la UCV, se aplica en clave minimalista. Pues las universidades son parte de los aparatos de hegemonía educativa y cultural, con lógicas de poder profundamente instaladas, producto precisamente de las contradicciones de las luchas históricas por conquistar espacios de autonomía-dependencia frente a su entorno económico, político, social, cultural; que se concreta en aquella frase que plantea actualmente el Art.109-CRBV: “(…) Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley”.
1.- Pinceladas de historia:
Desde 1958 hasta la actualidad, la Universidad venezolana en general sigue teniendo pendiente la tarea de una democratización interna más profunda y a una inserción social consciente y en sentido emancipador, en buena medida porque se ha colocado de espaldas al legado de la Reforma Universitaria de Córdova en 1918, que se extendió a buena parte de Latinoamérica con un aliento transformador radical, que dejó su horizonte y huellas en la educación superior del continente.
Una universidad democrática, autónoma, gratuita, transformadora y popular sigue siendo tarea pendiente en estas latitudes, frente a los proyectos de una universidad corporativa, tecnocrática, elitista, modernizadora, que utiliza el término democracia en términos aún más restringidos que el uso y abuso del “canon liberal-democrático” para caracterizar a los regímenes sociopolíticos funcionales al metabolismo social del Capital.
Otro de los hitos históricos que se deja de lado (como las Universidades Populares Gonzales Prada en Perú[i]), fue el debate sobre la “educación socialista” en 1933, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en México. En este debate es posible comprender por otra parte los extravíos de una izquierda con profundos sesgos jacobinos. La “educación socialista” no se imponen desde arriba, desde el “gobierno”, parte de movimientos instituyentes de los colectivos, actores, movimientos y fuerzas sociales que hacen vida en la relación universidad-sociedad y pueblo organizado. Si el movimiento popular está operando en clave de masa de maniobra y no como sujeto de transformaciones, y si las fuerzas emancipadoras internas a las comunidades universitarias aparecen replegadas, el trabajo no se reduce a operaciones de toma y comando, sino a un vasto esfuerzo de articulación política y ético-cultural.
Por otra parte, cuestionar el pensamiento liberal-capitalista de las universidades, inscrito en sus currículos ocultos, no implica pasar a imponer la “educación socialista”. Esta es una posición simétrica al pensamiento único de derecha. Allí hay elementos fundamentales para comprender el extravió de reducir la libertad de enseñanza a una sola corriente de pensamiento, desde una doctrina única, impuesta desde un gobierno, sin pasar por un profundo debate de la multiplicidad de corrientes y sobre el papel de los saberes contra-hegemónicos en el interior de las comunidades universitarias.
El debate entre Antonio Caso y Lombardo Toledano, en el contexto mexicano de la educación socialista” por ejemplo, sigue siendo significativo para comprender las filosofías de la educación que se debaten en medio de la turbulencia política. Si se desgaja una filosofía de la liberación social, de una filosofía de la autonomía, de las pedagogías críticas de la liberación y de la libertad de las singularidades subjetivas, el proyecto de izquierda encalla con facilidad en una figura de colectivismo despótico.
La especificidad de las luchas contra-hegemónicas en el terreno educativo y ético-cultural, no se reducen a los imperativos y ritmos específicos de una agenda política-partidista. Tienen su propio tiempo, su propia materia, su propia especificidad, sus propias tareas y lógicas de campos con relativa autonomía. Y lo fundamental, tienen sus propios agentes de cambio que pueden estar animados por una agenda de transformaciones más amplias, pero que no pueden constituirse en vagones de cola de un Ministerio, por lmás "revolucionario" que pretenda ser. Si no fuese así, sería mas honesto tirar al balde de la basura la noción histórica de "autonomía universitaria".
Por otra parte, a partir de los años 60, en medio de la intencionalidad política de la “Alianza para el progreso” de los EE.UU y en medio de múltiples conflictos, se pretendió convertir a las instituciones educativas de América Latina en banco de pruebas para proyectos de «modernización» capitalistas, reflejos, dependientes y truncos, diseñados y dirigidos desde los Estados Unidos a partir de una estrategia integral contra-insurgente, que manifestando la supuesta intención de ayudar a construir una Educación Superior, productiva para el crecimiento económico capitalista, eficiente en lo académico y administrativo, y aparentemente progresiva para el desarrollo social sin conflictos de clases, sectores y grupos.
Se trataba sin embargo, de contraponer este modelo tecnocrático de universidad fundamentalmente capitalista-modernizadora para liquidar a las universidades populares, autónomas y radicalmente democráticas (busque un co-gobierno en las universidades norteamericanas y vera que encontrará) como referencia contestaría frente a la dominación imperialista y los gobiernos que la hacen viable en Nuestra América.
El asunto básico era despejar del campus universitario a cualquier espíritu crítico, creativo, contestaría y revolucionario, léase cualquier corriente de pensamiento que pudiera en cuestión las estructuras de mando, dominación y explotación, así como sus teorías funcionales a la reproducción educativa de la hegemonía ético-cultural del sistema-mundo capitalista.
Más cerca de nuestro contexto local, el debate sobre la “renovación universitaria” entre 1968-1971 también serviría para realizar un balance de inventario de los “modelos de universidad en pugna”. La autonomía de la que tanto se habla en la actualidad desde los círculos dominantes de las Universidades está marcada en su sentido y significación, por una situación de facto, por la ocupación militar de la UCV, y no es casual que todo este debate sobre la autonomía limitada por la “razón de Estado” hubiese sepultado previamente el espíritu de la renovación.
2.- Lecciones de la derecha para la izquierda:
Pero hay un hecho que debe llamar a la profunda reflexión en el seno de las autoridades ministeriales. Lo que llama la atención críticamente, es que aún en las extremas condiciones de la confrontación política, se intento dar lugar a una consulta, aunque fuese un procedimiento viciado o un simulacro de apertura (en el marco de una relación de fuerzas nada inocentes) a la Reforma a la Ley de 1958, que en esencia logró finalmente dar mayor control al Estado sobre la Universidad y pavimentar el camino jurídico a las reformas tecnocráticas. Aquí la derecha supo manejarse con mano zurda.
Por tanto, la reforma de la Ley del año 1970, no estuvo preñada de ninguna “autonomía democrática, plural y libre”. Nació de una un proyecto de gobierno, que a través de una consulta parlamentaria amarrada a una correlación de fuerzas, fue cooptando selectivamente algunos de los elementos presentes en el debate sobre la renovación, a la vez que fue limando las aristas más contestatarias del movimiento para liquidarlo en la práctica.
Esa inteligencia política de la derecha marcó un juego de medios, instrumentos, recursos y procedimientos, donde el parlamento jugó con cierta cautela, reconociendo las divisiones internas a las fuerzas de izquierda y autonómicas en las universidades.
Ya entonces, la llamada “Alianza por la Autonomía” fue un movimiento defensivo, aleccionado por la bota represiva del gobierno de Caldera, y no de iniciativa transformadora. El uso político abierto del Consejo Nacional de Universidades, permitió colocar a la autonomía en un lugar subalterno, si así lo requería la “razón de Estado” de turno. Las maniobras internas al propio espacio universitario se correlacionaban con las dinámicas divisionistas y sectarias en el terreno de la propia izquierda.
Si no se comprende el acoplamiento de ambos movimientos de correlaciones de fuerzas, con sus propias lógicas, sus propios medios de acción, sus propios actores, sus propias especificidades, no se comprende la complejidad y la sobre-determinación de conflictos que se avivan. Y esta doble dinámica existe en la medida en que la autonomía universitaria juega un papel central.
Además, llama la atención que en perfecta comprensión leguleya, “bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la Ley” no es en ningún caso autonomía absoluta. Lo que se debate entonces en la LEU es la relación Estado-Universidad-Sociedad, no conceptos abstractos de autonomía, es el vivo efecto de las luchas históricas por concepciones de la autonomía universitaria enclavadas en la historia de Nuestra América.
3.- ¿Qué (no) hacer desde la izquierda?
Por tanto, luce extremadamente paradójico que un gobierno que se presume de izquierda cometa todas las torpezas de los ejercicios del poder de la derecha. Que ni siquiera se reconozca en su propia historia, que no parta de un balance de inventario programático de su propia filosofía de educación que dio lugar a la autonomía universitaria, en el marco de las luchas por la emancipación social y política, sin superar el grave error de considerar que en la materia universitaria bastará contar con la palanca gubernamental para hegemonizar un debate.
Con el perdón de todos los que se ilusionaron en la aplicación de la LEU, utilizando los atajos del período decembrino y la vorágine legislativa del momento, no hay transformación universitaria ni por decreto, ni por "acciones de toma y comando". Estas tácticas son muestras de debilidad en la capacidad contra-hegemónica del proyecto gubernamental.
Sin empuje decisivo de fuerzas de transformación internas, que desnuden la triste realidad de la universidad controlada por círculos de la derecha corporativa, reaccionaria, promotora de visiones neoliberales abiertas o encubiertas, con profundas relaciones con los intereses político-partidistas de la MUD y de la derecha internacional, y sin un acompañamiento del movimiento popular organizado, cualquier decisión gubernamental va a ser directamente traducida en clave de violación a la “autonomía universitaria”.
En síntesis, la derecha aparece revestida de hegemonía en cuestión de autonomía universitaria, por los propios errores de la izquierda, por deshacer con las visceras y los pies lo que hacen con el cerebro y las manos.
4.- ¿Que no acate la derecha?
Por otra parte, quedará grabada en la memoria universitaria la pancarta que manejaban las autoridades, que trataba de decir al parecer: “Por respeto a la Constitución. No acataremos la Ley”.
Esta frase fracasó morfo-sintácticamente (de esto ya se encargó Roberto Hernández Montoya: http://aporrea.org/educacion/a114969.html). Sin embargo, esta pancarta no deja de expresar el síndrome opositor, de lo que por mi parte llamo la imaginaria “Constitución-350”.
El único artículo que interpretan al tenor de sus humores circunstanciales, que parece reconocer la oposición venezolana en su imaginario jurídico, es el artículo 350, sin considerar aquella sentencia de la Sala Constitucional (Iván Rincón dixit) que sobre el asunto despejo algunos interrogantes sobre la materia.
Porque uno de los elementos más interesantes de la disociación que frente a la Ley mantienen desde sectores de la derecha, es la sostenida actitud desafiante de desconocimiento de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y de la legitimidad democrática del propio Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente desde esta disociación ideológica grupal, sólo serán los operadores políticos y escribas jurídicos más extremistas de la oposición política, los máximos y únicos intérpretes del texto constitucional.
Lo que manifiestan entonces desde factores de la MUD, es un llamado trivial a desobedecer la Ley a trocha y mocha. Si tratase de esta actitud infantil que repitió cierta izquierda sectaria frente al ámbito del estado de derecho, en años anteriores de la historia política del país, púes será funcional y mucho mejor para el gobierno (como demostró el fallido golpe del 11 de abril y el paro petrolero).
5.- ¿El juego está trancado?
Estamos en muchos casos ante una política fanatizada de dos bandas políticas. Lo que algunos han llamado la “política de las dos minorías”, que responde menos al ejercicio riguroso de una política hegemónica, rigurosamente comprendida en un cuadro de fuerzas enfrentadas, y que solo se traduce en una política de dominación pura, en un choque de prejuicios, estereotipos y consignas, lo que vulgarmente llamamos un “diálogo de sordos”, sólidamente instalados en un cuadro de sobre-polarización que asfixia matices, deliberaciones amplias, articulaciones diversas, compromisos mínimos, salidas mínimas negociadas, conquista de la mayor legitimidad democrática posible.
Se trata en ambos casos, de una concepción autoritaria de la hegemonía, simple supremacía por el ejercicio de la fuerza, sin contenidos de justicia debatibles por parte de ambos polos de la confrontación. Esta tendencia impide que ninguna de estas opciones radicalizadas construya algún plano de “auctoritas” basado en la deliberación y la densidad de los argumentos, y no en el ejercicio puro de la fuerza.
De allí se explica con facilidad el hastío político y estancamiento del equilibrio relativo de las relaciones de fuerzas. Es falso que desde esta lógica, ninguno de los sectores vaya a conquistar a corto plazo una ventaja decisiva en el terreno de los valores, ideas e ideales. Creo que una lectura de los planteamientos, entre otras contribuciones críticas y constructivas, de Reinaldo Iturriza apuntan a refrescar una lógica de la política en el campo bolivariano que intentan despejar el camino para reimpulsar ventajas decisivas y deben ser analizadas con atención. Se requiere para eso tener oído fino, por una parte, y suspender los reflejos condicionados que disparan a toda crítica interna en el campo bolivariano con la etiqueta de “contra-revolucionario” y “salta-talanquera”.
Llama la atención que desde el punto de vista semántico y pragmático, quienes enarbolaban esta pancarta en la UCV, se han quedado, como dicen los amigos y amigas de los programas de computadoras, “colgados o guindados” en un circulo vicioso. La Constitución establece principios generales, con su rango y jerarquía, para la interpretación de la Ley. Pero además remite a la Ley; es decir a leyes orgánicas y ordinarias. Nadie acata una Constitución sin acatar al menos el “principio de legalidad”. Otra cosa es que quieran cuestionar una Ley orgánica u ordinaria específica, y la Constitución establece los procedimientos para hacerlo. Hasta donde cualquier ciudadano y ciudadana tenga entendido, aquí hay plena vigencia de la Ley Orgánica de Educación.
Seria conveniente preguntar a las autoridades universitarias si acatan o no acatan la Ley Orgánica de Educación. Desde allí comenzarían a despejarse muchos interrogantes y los caminos de la futura Ley de educación universitaria. Pues no se puede apelar a la Constitución para desconocer los procedimientos establecidos para asegurar el principio de legalidad. He allí los dilemas de aquellos que apelan histéricamente a la “Constitución-350”.
“No acataremos la ley de educación superior”, no deja de ser parte de un “plan de calentamiento de calle”, un plan que luce trivial y a todas luces sincronizado con otras iniciativas nacionales y hemisféricas, que el Presidente Chávez le lanzó un verdadero balde de agua fría, quitándole la iniciativa a esta “agenda de batalla”. Porque para la batalla hay un “orden de batalla” y un “cuadro posible de maniobras”. Y para decirlo con metáforas: no es conveniente ir con flancos débiles, ni con “vanguardias” mal estructuradas. Ni caer en la “agenda del enemigo principal”. Por tanto, la materia universitaria ha desbordado a los operadores políticos directos de ambos lados.
Aun no se comprende la especificidad y densidad del debate sobre la materia universitaria en tiempos de transformaciones sociales profundas. No se trata de simples correlaciones de fuerzas, sino de cualidades y densidades intelectuales de estas fuerzas. No es un asunto de aritmética de una medición de fuerzas, sino una complicada algebra de movimientos en el tablero estratégico, que desborda cualquier tentación de sustituir una consigna de derecha por una consigna de izquierda.
Fue de esta misma forma, como históricamente se agotó el debate sobre la “renovación universitaria”, y fue finalmente así como se impuso la reforma a la Ley de Universidades de los años 70, por parte de las fuerzas de punto-fijo. ¿Simple fuerza contra fuerza? Si es así se agota completamente el espacio para fecundar comunidades de pensamientos críticos y creativos, no solo maniqueos como lo son en gran medida hasta ahora, cuando se habla de política universitaria.
Porque “plural” no remite a un dualismo asfixiante que termina en maniqueísmo; es una política de “más de dos”, tanto actuales como virtuales; porque es en los matices y acentos de la multiplicidad de colectivos, corrientes y movimientos, donde se fecunda con mayor propiedad el debate universitario, pues las simples oposiciones binarias no ayudan a captar el juego de diferencias que puede enriquecer el “tiempo de la reflexión”.
Las necesidades, demandas, aspiraciones y requerimientos específicos de cada uno de los sectores universitarios, de cada una de las comunidades universitarias, de cada una de las actuales escuelas y facultades, incluso de cada grupo de autoridades universitarias en sus situaciones particulares, no puede aplanarse a una oposición binaria.
Si no se capta el juego de diferencias, de matices, de tonos, si no se introduce un debate donde se recojan historias y particularidades, el asunto se bloquea en una operación que marca el campo de batalla en zonas de influencia y control de la MUD ó del Ministerio de Educación Universitaria. Se pierden entonces en gran medida, un ámbito de temas y problemas que son propios de la especificidad de la materia universitaria, que podrían abordarse desde visiones mucho más amplias, desde lo que llamamos convencionalmente “políticas públicas” del sub-sistema de educación universitaria.
6.- ¿Sera posible el debate?
Por tanto, hay que saludar la intención para recomenzar el debate descarnado sobre el subsistema de educación superior, tanto dentro de las Universidades como fuera de ellas. Y en este debate, el primer prejuicio que hay que disolver es que la Universidad venezolana actual es, desde el punto de vista del ejercicio de sus prácticas y estrategias de poder, una institución predominantemente democrática; y que son los gobiernos o los Estados, los espacios donde se concentra exclusivamente el ejercicio autoritario o despótico del poder, mientras las “almas bellas” del no-poder y del conocimiento libre de sesgos ideológicos e intereses, aprenden a ser, a saber, a actuar y convivir, con relaciones exentas de poder-dominación.
Este prejuicio es una simple "mentira de bajo vuelo". Esta mitología impide pensar de manera descarnada la universidad como un espacio de luchas, como un aparato hegemónico y como una red de dispositivos de poder-saber, con sus voluntades y juegos de verdad, que cumplen funciones políticas más allá del espacio de lo político-institucional, del sistema político de partidos, del parlamento y de los aparatos de Estado.
Cuando uno escucha el estribillo de una “universidad autónoma, plural, democrática y libre” en boca de los rectores identificados políticamente primero, con una filosofía de la educación de corte liberal o conservadora, y segundo, con la realpolitik de la MUD; haciendo el trabajo político de la oposición partidista en las universidades públicas y autónomas, estableciendo convenios formales o informales con la USAID, o triangulando con cuanta fundación cercana a los intereses del Departamento de Estado Norteamericano exista, uno recuerda desde cuales tensiones, conflictos y antagonismos se constituyó el concepto de “Autonomía Universitaria” en el pensamiento de América Latina y el Caribe.
Por tanto, hay que dejarse de inocentadas y gestos bobalicones, a pesar de agotar el llamado al debate de argumentos. En la Universidad se hace y se piensa la política como en cualquier espacio social; es decir, no está exenta de la política de las fuerzas sociales, económicas, políticas y culturales que se enfrentan en una sociedad cruzada por tensiones, conflictos y antagonismos propios de las divisiones de intereses de poder, clases, grupos y sectores.
Ahora bien, los hacedores de política en las Universidades, la hacen al menos en dos planos que no pueden confundirse, aunque estén estrechamente vinculados: la política universitaria hacia su propio “espacio académico” (la docencia, la investigación, sus modelos de gestión, gobierno y administración); y la política de la Universidad hacia su entorno, sea estatal, empresarial, hacia los sectores populares o hacia la propia “sociedad civil”, con toda su anatomía enclavada en la economía política y sus conflictos de clases, grupos, fracciones y sectores sociales.
Todavía hoy se piensa que esta relación con el entorno se sintetiza en la palabra “extensión”. Pero la inocuidad del término oculta los compromisos porosos de las universidades con los vectores de fuerzas que operan con los medios-dinero y poder.
Las políticas de conocimiento, información y de saber se vinculan estrechamente a las universidades y al tan olvidado debate (que constantemente trae a colación el Sociólogo Rafael Palacios) sobre el sistema de ciencia y tecnología. ¿Por qué hay tanto desdén por estos debates de trascendental significación en la agenda de los operadores políticos?
Yo aventuro una respuesta: son debates de “baja rentabilidad política”. Sólo cuando los operadores políticos pueden pescar en estos debates cierto espacio de influencia, cierto caudal de votos, cierto nivel de audiencia, cierto control sobre recursos estratégicos, allí si son importantes estas cuestiones. Los “profesionales de la política” de derecha y de izquierda, se preocupan de la ciencia, de la tecnología, de la educación universitaria, de cuestiones como la bioética o de los "agujeros negros", cuando les toca su instinto de conservación, mantenimiento o ampliación del poder. Así de cruda es la realidad.
Encontrar una comisión parlamentaria preocupada por los problemas epistemológicos, éticos, sobre meta-teoría de la ciencia, sobre pedagogías constructivistas, sobre las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza pública, ó digamos, sobre ontología fundamental, eso es una improbabilidad elevada a la máxima potencia. Pero son estos temas lo que aparecen de cuando en vez al abrirse el debate sobre la materia universitaria. Allí María Corina Machado, el diputado Cocciola, Iris Varela o Diosdado Cabello no tendrán grandes querencias invertidas.
Insisto, hay que saber organizar una agenda de temas y problemas, de ámbitos, que son propios y específicos de los actores que hacen vida de las comunidades universitarias, que no son ni siquiera operadores políticos en las universidades, de aquellos ámbitos donde se encuentran temas políticamente sensibles, donde se mueven a sus anchas los operadores políticos (el tema de la “autonomía organizativa” pensada en términos de "normas de gobierno", responde a querencias de determinados agentes de cambio o reproducción), e incluir las razones políticas que operan en la esfera pública democrática de la sociedad con relación al tema de la educación universitaria.
Por otra parte, ¿Acaso no es interes de los sectores populares que se discutan las condiciones de ingreso, que se estructure una universidad gratuita, con buenos comedores, con buenas bibliotecas, con acceso público al material biblio-hemerográfico, con acceso a nuevas tecnologías de información y comunicación, a buenos laboratorios y equipos, que puedan participar además activamente en la vida política de las universidades (que son "polis", aunque no se quiera aceptar este asunto), en sus políticas de “gestión, docencia, investigación y extensión”?)
Un concepto de universidad de derecha, anti-popular, anti-democrático y completamente funcional a los sistemas económicos dominados por el Capital y a sus representantes políticos, se opone a una universidad radicalmente democrática, autónoma, pública, popular y contestaría (y esta es una opción explicita acerca de las universidades públicas). Esto está claro. Pero esto no es suficiente.
Consolidar espacios para la fecundación de comunidades de pensamientos críticos, creativos y liberadores de las opresiones y cadenas impuestas sobre la imaginación, la sensibilidad, el conocimiento, el saber y los afectos, más allá de la idea de "profesionalización" o de crear engranajes socio-técnicos en la división social del trabajo, que impulsan las actividades manuales, estéticas, ético-culturales e intelectuales de los seres humanos, sin discriminaciones fundadas en el racismo, las clases sociales, la identidad cultural, el género, la coloniaje del poder-saber ó la condición social, esto ya comienza a ser una tarea mayor.
Superar una universidad, cuyos “funcionarios” administran planes de estudio y currículos (manifiestos u ocultos), para la reproducción de las estructuras hegemónicas de mando, control y explotación social, esto llevará mucho tiempo si partimos de la cualidad ética, estética, afectiva y política de los “funcionarios” actuales.
La Universidad ha sido eso, y ha demostrado que está función reproductora no permite superar el mimetismo de los proyectos de modernización refleja, dependientes y truncos. Tampoco sirve sólo para administrar habilidades y competencias socio-técnicas, requeridas por los intereses corporativos de las empresas, con su división jerárquica del trabajo y sus lógicas de funcionamiento internas.
Pero tampoco sirve una universidad arrodillada a intereses ideológicos contingentes de gobiernos, que dependen de ciclos político-electorales (cuando son más ó menos democráticos) sin capacidad de tomar distancia y espacio ante los requerimientos de los sistemas administrativos, políticos o económicos funcionales a la lógica del poder y del dinero.
El asunto va adquiriendo un complejidad que si no se logra organizar un debate con densidad, puede perderse todo el trabajo en el encontronazo por un solo artículo de la futura LEU.
Se equivocan entonces, quienes declaran apodícticamente que las universidades no son auto-transformables per se, o quienes suponen que en ellas no existen actores, movimientos, fuerzas intelectuales, estéticas, afectivas y éticas para propulsar mutaciones significativas. De esta afirmación simplificadora a “bajar la santamaria”, hay sólo un ínfimo paso.
Por otra parte, no se equivocan quienes afirman que los gobiernos, desde su lógica de gobernabilidad y del poder constituido, son los peores agentes de cambio cuando de universidad se trata. Ni siquiera un “gobierno revolucionario” escapa a los imperativos de una real-politik de cortísima elevación intelectual, donde la pulsión básica tiende a encogerse hasta devenir simple “técnica para alcanzar y mantener el poder por el poder mismo”.
La materia universitaria requiere no políticas gubernamentales de corto vuelo, sino políticas públicas hacia el subsistema de Educación Superior. Y cuando hablo de “políticas públicas” planteo, que nacen menos pensando en una “razón de Estado”, y más en la construcción de una esfera pública radicalmente democrática, donde la competencia científico-técnica, humanística ó los llamados saberes-expertos se abren al escrutinio público, donde concurren de manera conflictiva y hasta antagónica actores, movimientos y fuerzas que atraviesan a la sociedad y al Estado. Porque las "sociedades de conocimiento" no están desvinculadas de los juegos de poder.
Hoy ha sido profundamente cuestionada cualquier desvinculación de la razón tecno-científica de sus fundamentos, justificaciones, finalidades y responsabilidades sociales y políticas. Hoy ha quedado profundamente cuestionada cualquier presunción sobre la neutralidad axiológica o ideológica del desarrollo de las capacidades ó fuerzas productivas.
Lo que afirmo es que desde la lógica del poder constituido, sea del aparato universitario hegemónico o desde el aparato gubernamental constituido, no hay posibilidad alguna para activar movimientos instituyentes, comunidades de pensamiento críticos y creativos que desafíen los imperativos de la burocracia académica o los imperativos de ponerle la mano a las universidades desde un gobierno de turno.
El juego, entonces, está trancado, si se concibe exclusivamente desde una lucha entre poderes instituidos severamente enfrentados (las autoridades universitarias y sus grupos auxiliares, contra la autoridad gubernamental y sus operadores directos), sin visibilizar el barullo que viene de otras geografías de la experiencia, desde otras latitudes y planos de intensidad (colectivos, actores y movimientos instituyentes): la universidad puede dejar de permanecer impávida, si se conmueven sus cimientos burocráticos internos, y si se pone en cuestión al mismo tiempo, el extravió del los representantes del gobierno en esta materia.
Para desconsuelo de la oposición y cierto desconcierto de operadores políticos del gobierno, el presidente Chávez ha logrado rectificar para llamar a corregir graves debilidades de la LEU. Por mi parte advierto que su artículo 11 de la actual LEU ha complicado sobremanera el modo histórico de comprender la relación entre Estado-Universidad-Sociedad.
¡Ni ultra-rectores ni ultra-ministros! Se trata de democratización y de densificación del debate universitario. A la demagogia rectoral no se le combate con demagogia gubernamental. Una política de Estado en esta materia debe proyectar un mínimo de coherencia, viabilidad y sostenibilidad.
La primera tarea será desbrozar la maleza para identificar y superar las debilidades de consistencia, congruencia y coherencia entre el proyecto de Ley de Educación Superior y la Ley Orgánica de Educación que le otorga cobertura, y que además es el primer peldaño del desarrollo de la Constitución en materia educativa.
Realizada esta tarea, habrá que superar la lógica del juego trancado. Superar las debilidades de un debate público sobre esta materia, de consulta amplia, abierta, de la animación integral de colectivos, actores y movimientos pertenecientes a las más variadas corrientes y comunidades universitarias, que tengan algo que decir y hacer, para enriquecer un debate amplio construir una arquitectura normativa donde mínimamente se reconozcan sus actores, movimientos y fuerzas. Se trata nada más y nada menos que la construcción de un piso de legitimidad democrática: el "mayor consenso posible".
Frente al burdo error de “no acateremos” de la MUD universitaria, no se responde con un simple golpe de mano legal o con "operaciones comando" que rememoran el espíritu de renovación sin imaginarios radicales instituyentes, no es positivo que proyecte un Ministerio que pretenda concentrar la totalización de significación y sentido alrededor del concepto de “autonomía universitaria”, que le hace el juego a una oposición traduce esta acción en lenguaje binario de “democracia contra totalitarismo”. Desde estas posiciones los actores se ponen de espaldas a los debates de fondo.
El asunto es otro, como han planteado entre otros, los equipos que desde ORUS-IESALC-UNESCO, quienes plantearon una larga jornada de debates sobre reformas universitarias, con sus productos y trabajos en curso.
Se trata de hacer visible una concepción de la universidad donde la cuestión de la equidad y la democratización, por ejemplo, no terminen machacando lo que es esencial en estos espacios: producir el pensamiento que comprenda no solo nuestra realidad sino los contextos mundiales con los cuales se vincula, o generar formas de saber, conocimientos e informaciones que permitan densificar una cultura democrática para la convivencia de lo múltiple.
Notas:
[i] http://eudoroterrones.blogspot.com/2009/01/universidad-popular-gonzalez-prada.html
[i] http://eudoroterrones.blogspot.com/2009/01/universidad-popular-gonzalez-prada.html
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