miércoles, 27 de agosto de 2008

SI HAY REVOLUCIONES DEMOCRATICAS:COMENTARIOS CRITICOS A LAS TESIS DE MARGARITA LOPEZ MAYA


Javier Biardeau R.

A pesar de que comparto algunas de las preocupaciones planteadas por Margarita López Maya en su entrevista publicada (El Universal 25 de Agosto de 2008), sobre el contenido y la dirección del proceso bolivariano, estoy en desacuerdo radical con la siguiente afirmación: "Las revoluciones no son democráticas sino que se imponen".
Plantear esto, es plantear la imposibilidad de una estrategia hegemónica-democrática para las transformaciones radicales, para los cambios estructurales en el campo social. Ya Laclau-Mouffe nos habían permitido distinguir entre una práctica-concepción democrática de la hegemonía y una práctica-concepción autoritaria de la misma, distinción que parece ser obviada por López Maya.

Si esta distinción, simplemente es imposible una vía política de transición que asuma la revolución pacífica, democrática y constituyente, como articulación indispensable entre socialismo y democracia. Pero para comprender esto, hay que desprenderse de los prejuicios institucionales del horizonte liberal de la política. Además, hay que romper con la tesis de la continuidad entre el imaginario político jacobino y el socialista, dificultad con la que tropieza Chávez insistentemente, y la oposición (paradójicamente), por carecer de una adecuada estrategia hegemónica democrática, y por soslayar el proyecto de una democracia radicalizada.

Desprenderse del horizonte liberal de la política implica abrir la posibilidad de una democracia post-liberal, no anti-liberal como fue representada por el leninismo y el fascismo. Implica además comprender las relaciones entre procesos instituyentes, instituidos y dinámicas de institucionalización. No hay fetichismo institucional desde el momento en que se comprende que la democracia no es simple institución, sino proceso permanente de democratización, lo cual supone cuestionar los formatos liberales que han limitado el despliegue y profundización de estos procesos.

Más que tener expectativas sobre instituciones permanentemente estables, hay que comprender el cambio institucional correlativo a los procesos de cambio político más amplio. Se requieren arreglos institucionales, pero no necesariamente deben ser estabilizados para la forma liberal restringida de la democracia, creando una falsa oposición entre democracia y revolución. Esta oposición es la trampa del pensamiento liberal, que solo concibe la democracia bajo el horizonte de las reformas y la revolución bajo la lupa de la imposición, del autoritarismo o de la dictadura de la mayoría. Este es un viejo tópico no solo del liberalismo, sino del pensamiento conservador.

No comparto la tesis de que las leyes habilitantes sean una simple continuidad y equivalencia con la propuesta de reforma constitucional derrotada en el referendo de diciembre pasado. Las leyes habilitantes no fueron consultadas debidamente, fueron aprobadas precipitadamente, contienen errores de forma y fondo, pero no son simples enunciados equivalentes a la reforma constitucional, púes hay diferencias de forma y de fondo. De forma, los actos de legislación son desarrollos de un programa político enmarcado en un horizonte constitucional, mientras los actos de reforma son modificaciones parciales de este mismo horizonte. Esta distinción liberal-formal es desconocida, dada la fuerte penetración de los sintagmas de sentido común de la maquinaria mediática en la comprensión de los actuales eventos políticos. Los guiones de “fraude a la democracia” y de “fraude a la constitución” se convierten en un terreno nocional que hay que superar para ir más allá de la doxología mediática.

Visiones académicas que administran y refuerzan circularmente los mismos estereotipos de la maquinaria mediática, no pasan la prueba mínima de vigilancia epistemológica de “superar las prenociones”. De fondo. Reforma Constitucional y Leyes Habilitantes. Se trata de dos niveles y planos que obedecen a análisis específicos, y que no pueden dejarse a las esferas autónomas del conocimiento; es decir, a los supuestos expertos en derecho, como si allí no existieran controversias de justificación ni compromisos ideológico-políticos.

Me parece una ingenuidad apelar a los “expertos en derecho” para dirimir estas controversias, si no reconocemos de entrada que el derecho hegemónico es el derecho liberal y el derecho de cuño positivista. No es la teoría crítica del derecho, el discurso hegemónico del derecho. No se trata simplemente que “los juristas y constitucionalistas deberían analizar la legalidad de esas leyes”. La legalidad es un asunto de esfera pública, de competencia técnica en aspectos parciales, pero de competencia social y política, en aspectos medulares. Una norma jurídica no puede desligarse del análisis conjunto de los criterios de legitimidad, validez, eficacia; y cada uno de estos aspectos no es simple materia de expertos.

Por ejemplo, se dice que cualquier enunciado de la reforma fue sancionado negativamente el 2-D. ¿Implica esto que es imposible e ilegítimo impulsar una legislación que redunde en la reducción de la jornada de trabajo? Me parece que llegar a estas interpretaciones es confundir múltiples planos, que es precisamente la labor de la doxología mediática. Una reforma es inconstitucional cuando sus propuestas chocan con los límites materiales y formales de una Constitución. Una legislación es inconstitucional, cuando sus enunciados presentan vicios de inconstitucionalidad o generan colisiones con instrumentos jurídicos de mayor jerarquía o de igual jerarquía normativa. Esto en el plano de la validez.

En el plano de la legitimidad, plantear que algunos enunciados de la reforma son idénticos a los de la reforma pasa por una demostración práctica. Plantear que son políticamente ilegítimos pasa también por una controversia practica, y por un desenlace electoral. Si utilizamos el argumento de tipo electoral que plantea que “todo” lo que fue rechazado el 2-D no puede volver a debatirse electoralmente, estaríamos congelando el proceso político. Lo que dicta la Constitución es que una misma reforma no puede presentarse dos veces en un mismo período. No hay legalidad alguna que diga que algunos de los enunciados de la reforma, mejorados o no, no pueden ser sometidos a aprobación o rechazo electoral, o aprobados o no por mecanismos de legislación ordinarios o excepcionales, como las habilitantes. Los argumentos de legitimidad son controvertibles y están sometidos a la lógica hegemónica de la política. Llevándolo al plano de las exageraciones (que a veces permiten explicar mejor estos asuntos), un candidato rechazado no podría volver a intentar ganarse el apoyo del electorado porque ya fue rechazado. Sabemos que esto es una estupidez en el juego democrático, porque hay cambio de opiniones, producto de efectos de persuasión, influencia o convencimiento. ¿Acaso no había aspectos de la reforma que eran valorados positivamente, que incluso se proponía que fuesen incorporados como leyes ordinarias?

Hay que distinguir planos. Para esto hay que leer y analizar. Por ejemplo, yo no tendría problemas en analizar conjuntamente la Constitución nacional, la Ley de expropiaciones y la nueva ley para la defensa de las personas en el acceso de bienes y servicios. Allí podemos constatar las contradicciones entre el art.115 constitucional, el art. 13 de la Ley de expropiaciones y el art. 5 de la nueva Ley. Pero esto no im0plica que uno defienda las libertades económicas, pues queda claro que la propiedad privada esta sometida a las “contribuciones, restricciones y obligaciones” que dicte la Ley, en aras del interés general o la utilidad pública. Esta es la clausula constitucional del Estado democrático y Social del derecho y de Justicia. No hay propiedad privada ilimitada. Es este el ejercicio práctico el que debemos realizar para no caer en falacias sobre “fraude constitucional” y “fraude a la democracia”.

La falta de consulta de esas 26 leyes es una de las grandes debilidades, y como dice López Maya “quiebra el principio de democracia protagónica en la que se ha basado el proceso revolucionario en los últimos años”. Pero, los mecanismos de consulta en las leyes habilitantes, no son necesariamente equivalentes a las leyes ordinarias. Esto es un debate, no solo aquí, sino a nivel de todos los procesos habilitantes. La crítica fundamental es que el Ejecutivo legisla excepcionalmente, con baja deliberación y consulta, concentrando excesivo poder. Esto se reconoce aquí y en cualquier lado. Pero esto es parte de otro problema, de la escasa capacidad de articular al pueblo, organizado o no, a la formulación de las leyes.

López Maya dice que “todo es muy parecido a la situación de 2001”. Yo diría que es peor políticamente para el Gobierno y para la revolución, porque pasa por un momento de “reflujo político” y no hay movilización popular masiva alguna que parezca apoyarlo. Además, hay que leer el contenido de las Leyes para captar las diferencias con el 2001. Desde mi punto de vista, las leyes los que hacen es mostrar signos de debilidad de la acción del Estado, tratando de delegar responsabilidades en áreas de decisión en los Consejos Comunales, prefigurando el Estatismo de una vieja y enmohecida izquierda cesarista.

Pero a diferencia de Margarita López Maya, considero que todos los contenidos de los artículos de la reforma constitucional, que no afectan en sus principios fundamentales a la Constitución y que reportan beneficios para la mayoría del pueblo deben ser parte de estas y otras leyes. Deben ser parte de una agenda política de coyuntura del movimiento popular.

¿Qué fue lo que se rechazo o no el 2-D? Margarita López Maya dice que “algunos de esos contenidos fueron rechazados en el referendo de diciembre y por ese lado los juristas y constitucionalistas deberían analizar la legalidad de esas leyes. Eso es materia de interpretación legal por parte del TSJ. El problema es que al igual que en 2001 hay cambios muy profundos que no fueron consultados”. Creo que el acento de López Maya es la escasa deliberación pública de los contenidos que son aprobados. Estoy de acuerdo, hace falta mucha deliberación, consulta, información, pero esto es muy distinto que afirmar que todo acto de Gobierno se convierte luego del 2-D en un “fraude a la democracia”, en un “fraude a la constitución”.

Todo aquello que contravenga el principio de la democracia participativa y protagónica, que es lo que le da legitimidad al proyecto bolivariano, debe ser cuestionado. Aquí hay una gran zona de acuerdos con López Maya. Pero insisto, donde hay una gran zona de desacuerdos es en lo siguiente: “hay cambios que se hacen a través de los procedimientos democráticos, y otras veces se contraviene esa lógica y se utiliza una lógica revolucionaria”. Este tipo de afirmaciones corresponde a un horizonte que desconoce el significado de una revolución democrática. Es necesario releer a Laclau-Mouffe en este aspecto.

¿Pasar por encima de las leyes? No necesariamente, hay cambios de legislación, hay reformas y hay poder constituyente. La enseñanza básica del poder constituyente es que no todo se hace bajo el principio del fetichismo legal e institucional. Profundizar y radicalizar la democracia es liberarla del encuadramiento liberal. Allí esta la historia de las transformaciones de la relación contingente entre liberalismo y democracia para demostrarnos la dinámica de esta tensión constitutiva. Nada de fetichismos.

¿Se pasa por encima de las leyes porque las revoluciones no son democráticas? Falso, las revoluciones son actos constituyentes y desbordan los cuadros jurídico-institucionales existentes (el poder constituido e instituido), por esos son radicalmente democráticas. Las revoluciones que se imponen; se imponen… ¿A quienes? ¿Sobre quienes? Hay que precisar el juego de mayorías y minorías, pues las minorías no deben ser aplastadas, pero tampoco pueden apelar a un poder de veto sobre las mayorías.

A diferencia de López Maya, la lógica democrática es una lógica revolucionaria, pero no cualquier lógica revolucionaria es democrática. Lo que está en tensión permanente en las revoluciones de las mayorías es la lógica liberal. Lo que entra en tensión en las revoluciones jacobinas desde arriba es la lógica demo-liberal y la radicalización de la democracia, que se ve prácticamente bloqueada.

Hay que hacer nuevas distinciones. La revolución democrática venezolana vive las deformaciones del éxtasis cesarista, de la captura jacobina y burocrática del impulso inicial revolucionario. Experimenta un reflujo burocrático, autoritario y cesarista. Pero no se trata de decir, que toda revolución es autoritaria. Es en nombre de la revolución que se despliega una política bonapartista, centralista y concentradora del poder.

Por esta razón, el Presidente siente que no tienen necesidad de respetar las leyes y la Constitución. Fueron las ilusiones ilimitadas sobre la reforma los que lo llevan a sobrepasar la Constitución de 1999., impulsando un “Socialismo por decreto”. Estoy de acuerdo en que se está tratando de construir un socialismo que por no ser consultado, por no se participativo, por no ser debatido ampliamente, no es democrático y se están cometiendo los mismos errores del socialismo del siglo XX. Pero esto no es equivalente a decir que la democracia es antagónica a la lógica revolucionaria.

Estoy de acuerdo en que hay que cuestionar el Estatismo Autoritario, la subordinación de todos los poderes públicos al Presidente, además de la liquidación del proyecto del federalismo cooperativo descentralizado, con un Consejo Federal de Gobierno muerto y en mora, que da paso a un Estado centralizado, que también vimos que fracasó en el siglo XX. En este aspecto, he escuchado declarar a Müller Rojas de que Venezuela no es un Estado Federal. Un olvido imperdonable del propósito constituyente de 1999, y que puede tener altos costos políticos. Profundizar la descentralización desconcentrada es ir más allá de alcaldías y gobernaciones, es ir hacia los nuevos sujetos de descentralización. Ciertamente, el Gobierno no tiene suficientes ideas creativas. Yo diría, a diferencia de López Maya que es la lógica militar de los paradigmas del “ejército fordista” lo que impide pensar en la descentralización desconcentrada, formula que debió explorarse conjuntamente con una Ley del Consejo Federal de Gobierno, pues la geometría del poder, desde los planteamientos de Doreen Massey, lo que plantean es la democratización de los espacios y lugares, teoría territorial complementaria a los planteamientos de la radicalización de la democracia. Pero el alto gobierno, me parece que está preocupado exclusivamente de los juegos y conflictos geopolíticos globales, mucho más que en radicalizar la democracia en los espacios locales.

Por esto, todo huele a aquel capitalismo de Estado en los 70 que ya estaba fracasado. Compoarto que como somos un país petrolero, rentista, las élites montan fantasías, que cada élite que desplaza a la otra, cree que son magos que transformarán a la sociedad de un día para otro y así seguimos dando “palos de ciego”. Este es un mensaje para Gobierno y la Oposición.

Finalmente, sabemos de los despropósitos de una enmienda unilateral para la reelección continuada para el cargo del Presidente sin considerar otros cargos ejecutivos de las entidades federales. Esto depende de una variedad de circunstancias, entre ellas los resultados de las elecciones regionales. Por eso, creo errada la estrategia de batalla.

En noviembre no se juega la permanencia en el poder, sino la democratización del poder, es la comprensión de que sin democratización la revolución llega a un punto crítico. Ya hay una lógica perversa que impide inmediatamente modificar el esquema de polarización-cohesión. Esto funciona cada vez menos, se agotó como política.

Sin una dirección colectiva, con la presencia del auténtico poder constituyente, podremos decir, ¡la revolución ha muerto!. Pero no hay que ser pesimistas, está creciendo una masa crítica que cada vez menos se deja imponer una hegemonía autoritaria, ni del gobierno ni de la oposición. Lo que ha crecido en Venezuela son las ganas de profundizar la democracia, de radicalizarla, viendo al mismo tiempo como fracasa simultáneamente la restauración punto-fijista y los intentos de controlar desde arriba las pasiones libertarias de un pueblo, que desea que otra revolución sea posible: una revolución desde abajo, una revolución democrática y porque no decirlo, un Socialismo desde abajo, con el pueblo y desde el pueblo.

martes, 26 de agosto de 2008

FALACIAS SOBRE SOCIALISMO Y LEYES HABILITANTES

Javier Biardeau R.

El 31 de Enero del año 2007, en sesión especial de la Asamblea Nacional, efectuada en la plaza Bolívar, por unanimidad, se dio al presidente Hugo Chávez poderes especiales para legislar en 11 ámbitos estratégicos. En esos momentos, el motor habilitante era uno de los cinco motores de la revolución. En aquel, momento, el “orador de orden”, el Vicepresidente de entonces, Jorge Rodríguez planteó: “¿Qué clase de dictadura democratiza el ingreso, invierte en las personas, en los ciudadanos, en salud, educación, vivienda, en alimentación? ¿Dónde han visto ustedes una dictadura así, por Dios?", y agregó: “la Ley sólo sirve para sembrar democracia, paz y socialismo.” No había ninguna carta debajo de la mesa. El programa de gobierno fue siempre democracia, socialismo y revolución bolivariana.
En aquel momento, la bancada de PODEMOS votó a favor de los poderes especiales al Presidente de la República para dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley en distintas materias de interés nacional. Ahora dicen, junto a los tradicionales partidos de la oposición punto-fijista y golpista que la Habilitante es un “fraude a la democracia”. Toda la oposición canta al unísono el mismo guión: “fraude a la Constitución”. Poco a poco se ira perfilando, caso por caso, aspecto por aspecto, que puede o no contravenir una norma constitucional en el conjunto de las leyes habilitantes. He leído, por ejemplo, que en el caso de la Ley de la FANB el asunto no es que sea inconstitucional, porque no lo es, sino que atenta, al igual que la constitución vigente, contra el canon democrático impuesto por la visión hegemónica del Imperio. Un opositor derechista sincero. Ojala otros se sinceraran de la misma manera, como lo hicieron durante el “Carmonazo”. Se caerían muchas máscaras.
¿Quienes cometen un fraude a la democracia? Creo que quienes fueron elegidos para apoyar el proceso revolucionario, bolivariano, democrático y socialista, y luego del debate sobre la reforma constitucional, y sobre el PSUV, nunca pudieron trazar una política de izquierdas con perfil propio que no le hiciera el trabajo a la derecha, a los nostálgicos del 11 de abril, del “carmonazo” y del “paro petrolero”. Sencillamente, fueron engullidos por la derecha mediática, económica y política. Y ahora defienden a los grupos de poder económicos, mediáticos, ideológicos y sociales. Son simples grupos auxiliares de la derecha ideológica (Gramsci).
PODEMOS regresó al MAS sin Socialismo, sin los costos de asumir un discurso consistentemente socialista con relación al capitalismo venezolano. El salto hacia la derecha contra-revolucionaria es el peligro inevitable para aquellos que confunden las críticas necesarias a las debilidades, errores y extravíos de la revolución bolivariana, a la dirección política, y al propio Chávez; con el repliegue a los brazos del imperialismo. Este proceso de desprendimientos y desafiliaciones de la revolución bolivariana de manera total, sin matices y sin luchas internas por espacios de diversidad en la revolución nacional-popular venezolana, hacen explícitos que no hay un auténtico compromiso ideológico con el Socialismo. En nombre de la democracia liberal, sacrifican la posibilidad de construir el Socialismo.
Lo que esta en juego es un objetivo superior: el debate socialista, radicalmente democrático, una nueva democracia revolucionaria, no los cargos ni los espacios de poder, económicos o mediáticos. Si hay fallas en la democracia socialista, no se solventarán apoyando al fascismo, a las oligarquías, a los golpistas de siempre, ni al imperialismo. Es elemental.
Desde enero del 2007 se establecieron las áreas que planteaba legislar el Mandatario nacional, desde la transformación de las instituciones del Estado para la erradicación de la corrupción y el burocratismo, la participación popular, hasta la construcción de un nuevo modelo económico y social. No había cartas escondidas, el objetivo era la construcción de un proceso de transición al modelo socialista, humanista, bolivariano y democrático.
Quedaba claro entonces, que dicha Ley le daría potestad al Ejecutivo nacional para decretar leyes orgánicas y ordinarias. Y para esto, se asumiría el criterio del TSJ, cumpliendo con los extremos legales. Ningún fraude a la Constitución. Ciertamente, el tema de la Reforma Constitucional levanta polémicas. Lo que mas cuestioné de esta posibilidad fue no haber construido el proyecto de reforma desde abajo y desde la izquierda, un proceso con iniciativa popular constituyente. Se escogió la vía de la iniciativa ejecutiva. Error de concepción ideológica de una democracia socialista. Este es mi punto de vista.
Pero no podemos confundir leyes habilitantes con proyecto de reforma constitucional. Quienes los hacen, desconocen las diferencias sustantivas entre legislación política y procesos de reforma constitucional. A las leyes habilitantes se las puede criticar en sus aspectos específicos por vicios de inconstitucionalidad. También a cada una de ellas se les pueden solicitar referendos abrogatorios. En esto consiste estar dentro de la Constitución. Pero ninguna disposición legal ni constitucional impide impulsar elementos de la reforma. Este es un juicio político. Solo el pueblo puede decidir si están o no en desacuerdo con cada una de las leyes. Pero el juicio popular del 2-D se hizo sobre un proyecto de reforma que difiere en aspectos fundamentales con el conjunto de las leyes habilitantes, incluso hay 11 leyes que no tienen nada que ver con la reforma constitucional, y menos con un Golpe de Estado. Freud diría, mecanismos de proyección.
Muchas veces olvidamos la historia. Desde el año 1961 hasta la fecha, tanto el Congreso Nacional de la Cuarta República como la AN han aprobado ocho leyes habilitantes, todas solicitadas por los diversos Presidentes. ¿Fraudes a la democracia? Una verdadera falacia mediática. Sin embargo, había diferencias. Históricamente, las 6 leyes habilitantes anteriores tenían como objetivo concentrar poder en el Ejecutivo para el beneficio de grupos económicos y políticos de poder, nacionales y transnacionales. En 10 años de revolución: ¿podemos afirmar lo mismo? Creo que no, la primera Ley habilitante de la revolución derivó en un intento de golpe de estado de la derecha y del imperialismo. ¿Pasará lo mismo con la segunda?
Ciertamente, el procedimiento habilitante concentra poderes en el Ejecutivo Nacional (y esto ocurre en todos los países donde existe este procedimiento), pero es un procedimiento legalmente establecido y regulado, con alcances y términos temporales establecidos. Yo comparto las dudas y la desconfianza hacia cualquier forma de concentración del poder del Estado, pero además hay que cuestionar no solo la concentración del poder político en la estructura formal del Estado, sino la concentración del poder económico, mediático, ideológico y social. Este es el verdadero meollo del tema de la concentración de los poderes.
Quienes hablan de pesos y contrapesos entre poderes, se quedan en la epidermis liberal del problema de la concentración del poder: hay otros monopolios de poder que hay que cuestionar radicalmente, sobre todo los que escapan al control democrático. ¿Controla la población a los oligopolios mediáticos? ¿Controla la ciudadanía a los monopolios económicos y a sus grupos económicos? ¿Controla el pueblo las decisiones de fuga de capitales y la especulación bursátil de los operadores transnacionales? Allí está la concentración del poder social capitalista. Pero esto no es, para las falacias mediáticas, “concentración del poder”. El Estado, ciertamente, es un factor de poder, pero los monopolios privados y transnacionales también lo son. Callar esta verdad es el verdadero “fraude a la democracia”.
Todo el poder para el pueblo organizado, no solo implica que el pueblo ocupe los espacios de poder de las estructuras del Estado, sino que el pueblo organizado desmantele los poderes fácticos de los monopolios en la “sociedad civil”: grupos de poder económicos, mediáticos, educacionales, ideológicos, transnacionales. De eso se trata la radicalización de la democracia, de democratizar la Democracia. De esto se trata el Socialismo.
También cabe democratizar el Estado, transformar el Estado, desburocratizarlo en función de servir de órgano de administración de beneficios para el pueblo. Debemos hacer críticas en este sentido, y las hemos hecho. No estamos de acuerdo con el Estatismo como vía de construcción del Socialismo radicalmente democrático, no estamos de acuerdo con una concentración de poder en el ejecutivo, sin una auténtica movilización correlativa del poder popular organizado, no creemos en Líderes infalibles ni en estilos de conducción Cesaristas, pero está en juego la posibilidad de transición al Socialismo. Queda claro, que no queremos repetir ninguna experiencia del socialismo burocrático, pero tampoco queremos que el Socialismo sea mucho menos que un tibio reformismo del capitalismo.
La contradicción antagónica principal en esta coyuntura no es hacer de las diferencias, algunas de ellas significativas, con la forma de dirección hegemónica de la revolución bolivariana, el eje central del conflicto político de la coyuntura. Es un problema real, pero no es una contradicción antagónica ni es la principal. Se trata de identificar el adversario principal; es decir, a quienes vienen demonizando cualquier alternativa socialista y democrática, con Chávez o sin Chávez. Son los verdaderos enemigos de cualquier formula económico-social de construcción de la transición al Socialismo, quienes constituyen lo adversarios principales de la coyuntura de debate de las leyes habilitantes. Con Chávez se avanza zigzageando hacia el campo de las izquierdas, del socialismo. Ciertamente, hay que luchar por los espacios de la democracia revolucionaria contra la burocracia y la derecha endógena. Pero, contra Chávez se avanza directamente hacia la contra-revolución capitalista y hacia la restauración de la democracia representativa. Quienes confunden el camino, se pierden.
II.- SOCIALISMO, CONSTITUCIÓN Y LEYES HABILITANTES:
Una de las falacias más reiteradas acerca del debate abierto por las Leyes Habilitantes es la referida a la supuesta imposibilidad de que un proyecto socialista pueda ser compatible con el ordenamiento constitucional de 1999. Proponer acciones de política que se dirijan hacia Socialismo, es para estas interpretaciones, realizar un fraude constitucional. Ciertamente, nuestra Constitución de 1999 no permite cualquiera de las variantes de Socialismo, sino solo aquellas que sean compatibles con las disposiciones y principios fundamentales, con la plena garantía de la carta de derechos fundamentales contenida en la misma, así como con los principios que inspiran la organización de los poderes públicos. En palabras llanas, nuestro socialismo tiene que ser democrático en el pleno sentido participativo, protagónico y social que es establecido con claridad en el ordenamiento constitucional de 1999. Existiría incompatibilidad, si por ejemplo, las definiciones del socialismo correspondieran con el Estado o el sistema de poderes de la Constitución de la República de Cuba. El Socialismo para Venezuela, debe ser un socialismo específico, adecuado a las circunstancias económicas, políticas, ético-culturales y jurídico-institucionales de Venezuela.
El debate sobre el proyecto de reforma constitucional mostró los primeros rasgos de las debilidades y extravío del rumbo de la revolución democrática y socialista en Venezuela al no destacar sus diferencias con los modelos de Socialismo Histórico que se han conocido hasta la actualidad (Ver: http://www.aporrea.org/ideologia/a41818.html). Con la promulgación de las 26 Leyes Habilitantes, la estrategia política parece repetir parcialmente algunos de los errores del año 2007, al no poder diferenciar con claridad si las leyes habilitantes son producto de la política de revisión, rectificación y reimpulso (las llamadas 3R), o sin son una simple continuación de los enunciados de la reforma constitucional. Por ejemplo, la Presidenta de la AN, Cilia Flores ha declarado que las leyes habilitantes, pretenden continuar y profundizar elementos de la fallida reforma constitucional. Esta línea política, desde nuestro punto de vista constituye un grave error pues le otorga plena justificación a los argumentos opositores.
En el Aló presidente 299 del domingo 6 de enero del 2008, el Presidente Chávez propuso revisar las líneas transformadoras del Proyecto Nacional Simón Bolívar en el ámbito político, social, económico, militar, territorial, internacional y ético; presentando las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación que se pondrían en práctica para reimpulsar la Revolución Bolivariana. Estas líneas ya formaban parte de los planes del Ejecutivo antes del fracaso de la Reforma Constitucional y serían desarrolladas en siete aspectos: Nueva Ética Socialista, Suprema Felicidad Social, Democracia Protagónica Revolucionaria, Modelo Productivo Socialista, Nueva Geopolítica Nacional, Venezuela: potencia energética mundial y la Nueva Geopolítica Internacional. Chávez se refirió a los Cinco Motores al Socialismo Bolivariano, y explico que el primero de los instrumentos, la Ley Habilitante, no había sido aplicado en toda su potencialidad en beneficio del segundo motor, la Reforma Constitucional, reconociendo que se había "fundido" tras el referéndum. Si este motor se fundió, mal podría hablarse hoy de reimpulsar la “reforma constitucional”. Se trata entonces de otra opción. Reactivar el motor habilitante a través de la política de las tres R, encomendando al nuevo Vicepresidente Ejecutivo, Ramón Carrizales, el desarrollo de los decretos con fuerza de ley que dentro del marco de la Constitución Bolivariana, permitieran orientar al Estado hacia el Socialismo Bolivariano.
Con la política de las 3R se trataba de realizar una reformulación de objetivos, antes de iniciar una nueva ofensiva. Chávez reconoció que había impuesto al proceso una velocidad inadecuada para gran parte del pueblo venezolano. A su juicio, las vanguardias [los líderes] deben saber mantener un ritmo que les permita avanzar sin separarse de las bases y, en este sentido, expuso la necesidad de un amplio debate que permita rectificar los errores cometidos, antes de reimpulsar el proceso. Este amplio debate no se ha desarrollado hasta la actualidad, a pesar que en ese momento anunció un cambio de 11 miembros del Gabinete, permaneciendo quince de los anteriores ministros, dos cambiaron de cartera (Jesse Chacón y Érika Farías) y once se incorporan al gabinete, aunque dos de ellos (Ramón Rodríguez Chacín y Andrés Izarra) ya lo estuvieron en otro anterior.
De este modo, la política de las tres R aparecía como la posibilidad de iniciar una revisión y rectificación de los errores que explicaban tanto la separación de vanguardias y masas, como la comprensión de un debate sobre el Proyecto Nacional Simón Bolívar, y el llamado Socialismo Bolivariano. Sin embargo, ninguno de los dos objetivos se ha cumplido a cabalidad. Esto explica, la falta de información y consulta de las 26 leyes habilitantes con las bases sociales y políticas de la revolución bolivariana. Tampoco en el PSUV, parece existir claridad de cómo darle paso a una estrategia política de defensa de las leyes habilitantes, más allá de los enunciados genéricos. Estos síntomas demuestran que estamos en una fase de reflujo revolucionario (Ver: http://www.aporrea.org/ideologia/a59769.html).
Una estrategia y táctica política adecuadas, que incluya sus aspectos comunicacionales, debe despejar el camino para salir definitivamente del campo minado de la reforma constitucional y de la derrota electoral del 2-D. Lo que hay que justificar, primero, es que las 26 Leyes habilitantes desarrollan los contenidos normativos de la Constitución Bolivariana de 1999, ya que no puede permitirse que la defensa de este Proyecto Político Constitucional se convierta en una bandera política y electoral de la oposición. Cualquier vicio de inconstitucionalidad debe corregirse, y cualquier colisión con normas del ordenamiento jurídico debe solventarse, antes de que se conviertan en pretexto de una campaña en bloque contra las 26 Leyes. Este es el primer elemento: recuperar la bandera cedida parcialmente a la oposición, la bandera de la Constitución de 1999 en sus aspectos sustanciales, y otorgarle la consistencia necesaria a la relación de las 26 leyes con el texto constitucional.
En este sentido, es correcta la apreciación de la Procuradora General de la República, Gladys Gutierrez, cuando declara que la promulgación de las 26 leyes publicadas en Gaceta Oficial el pasado 31 de julio, mediante la Ley Habilitante, corresponden al proceso de revisión, rectificación y reimpulso (3R) del Estado venezolano; y que todo el proceso legal comenzó a principios de 2008, cuando el Jefe de Estado instó al Gabinete Ministerial a revisar el orden jurídico vigente. Sin embargo, el debate de cada uno de los instrumentos apenas comienza. Entonces, el primer error de la conducción política de sectores dirigentes del alto gobierno es olvidarse de su propio Proyecto Político Fundacional, la Constitución de 1999, bajo una lectura errada del significado de la Reforma constitucional, pues quién sembró expectativas ilimitadas sobre el cambio constitucional generó la percepción de la sustitución radical (y no de la modificación parcial sin afectar los principios fundamentales) de la Constitución Bolivariana(Ver: http://www.aporrea.org/ideologia/a62236.html).
Dos ejemplos son ilustrativos de esta situación. La escasa defensa de un nuevo sistema socioeconómico de carácter mixto establecido en la Constitución vigente: privado, estatal y colectivo con un régimen de propiedad igualmente mixto, en función del Desarrollo humano integral, el bienestar social, la democratización de la riqueza y la justicia social, son parte del Desarrollo de los contenidos normativos de la Constitución de 1999. Igualmente, la función social de la propiedad queda claramente establecida en el artículo 115, que se distancia radicalmente de cualquier formulación liberal de las libertades económicas. Las lecturas e interpretaciones de este artículo son de carácter sesgado, sin analizar sus implicaciones de fondo. La propiedad privada no es un derecho ilimitado ni un principio fundamental del texto de 1999, sino que constituye un derecho limitado por el interés general y la utilidad pública. Si no fuese así, no se comprendería que significa que la propiedad esté sometida a “contribuciones, restricciones y obligaciones” que dicta la Ley. Ningún principio ni derecho fundamental está sometido a estas restricciones. Esta es una cláusula totalmente consistente con el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Este es un proyecto que propende a un Estado Democrático y Social; y por tanto, un sistema económico que se orienta por reglas de tipo socialista es perfectamente compatible con el modelo de estado democrático y participativo.
La utilidad pública y el interés general restringen el alcance de la propiedad privada en el sentido del liberalismo económico capitalista. Así mismo, se establece, que sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. Por cierto, es aquí que deben tejerse con prudencia los argumentos. La ley de expropiaciones es clara en este sentido, la declaratoria de utilidad pública es competencia de la AN, y solo en casos excepcionales en competencia del Ejecutivo. El artículo 5 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso de bienes y servicios plantea, por ejemplo, dicta que: “El Ejecutivo Nacional podrá iniciar la expropiación de los bienes pertenecientes a los sujetos sometidos a la aplicación de este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, sin que medie para ello declaratoria previa de utilidad pública e interés social por parte de la Asamblea Nacional.” La Ley vigente de expropiaciones, dicta que el decreto de expropiación requerirá la previa declaratoria de utilidad pública de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 de esta Ley. Allí hay una colisión de normas entre instrumentos jurídicos que regulan la delicada materia de las declaratorias de utilidad pública y las expropiaciones. El artículo 115 constitucional es claro: “sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Este tipo de contradicciones pudieron subsanarse con un amplio debate y consulta con las bases sociales y políticas de la revolución bolivariana. Ahora, es un pretexto de los guiones opositores para desacreditar las 26 leyes y el Socialismo.
Hay que reiterar hasta el cansancio. Sin rectificación no habrá reimpulso. Con estos errores, el campo minado de la reforma se transforma en el campo minado de la transición al socialismo. Un Socialismo errático.

sábado, 16 de agosto de 2008

ILUSIONES ILIMITADAS EN LA "TRANSICIÓN AL SOCIALISMO"

Los sueños de la razon engendran monstruos.
Goya

Javier Biardeau R.

Uno de los errores más elementales sobre Marx es el referido al uso inadecuado de las nociones de “estructura” y “superestructura”. Lo que no fue sino una de las metáforas estilistas de Marx, tema que en profundidad fue analizado por Ludovico Silva, se transformó en dogma de interpretación del llamado “Materialismo Histórico”.
Pero el impacto de este error no es una simple curiosidad teórica sobre brevísimas frases de la extensa obra de Marx (Prólogo a la contribución a la crítica de la economía política de 1859), sino que se refracta sobre el terreno de las prácticas políticas de los movimientos que se reclaman portadores del ideario socialista revolucionario.
Ya Cerroni y Marcuse habían advertido del error de utilizar, operativa e instrumentalmente frases del pensamiento marxiano en función de “complemento solemne de justificación” de una línea política. No son lo mismo los marxismo(s), que el pensamiento marxiano.
Por ejemplo, en los enunciados de la “exposición de motivos” del proyecto de reforma constitucional apareció la noción de “superestructura” como presupuesto de análisis del alcance del cambio jurídico-político que se impulsó en el 2007. Allí aparecían con claridad las “ilusiones ilimitadas” de la reforma constitucional; errores que descansaban en un manejo simplificado de nociones de manuales marxistas, combinado con graves debilidades acerca del concepto y alcance de una “reforma constitucional”. Para decirlo con claridad, una explosiva combinación de falencias. Pues una reforma no servía ni a los propósitos desmedidos de modificación del “núcleo normativo fundamental” de la Constitución de 1999, ni permitía desmontar “superestructura” alguna.
Si al pensamiento liberal se le ha criticado cierta predisposición en Latinoamérica de crear “Constituciones nominales y aéreas”, en este caso estamos ante algo patético: pretender realizar una “transición al socialismo” (que no era socialismo) desde una “reforma constitucional” (que no era reforma), un nominalismo mágico que desconoce las premisas materiales, las condiciones históricas y las luchas políticas que hacen posible una radical socialización del poder. Algo completamente antagónico a una estrategia hegemónica democrática de “guerra de posiciones ideológicas” en la “sociedad civil”.
En la exposición de motivos del proyecto podía leerse: “Reconociendo los avances de la constitución de 1999, estos no han sido suficientes para alcanzar la aspiración de la felicidad, del bien común, en una sociedad de justicia; en consecuencia, se plantea la imperiosa e ineludible necesidad de ir a un proceso de Reforma Constitucional a fin de adaptarla y dotarla de elementos que consoliden el avance hacia la ruptura del modelo capitalista burgués. Para construir un nuevo orden con preeminencia del ser social colectivo, es necesario superar los obstáculos generados por las relaciones sociales capitalistas, manifestados en la imposición de los intereses de las minorías por encima de los intereses del poder originario, la concentración de la propiedad en pocas manos, la dificultad política para democratizar el poder, una institucionalidad que propicia el establecimiento de un cuerpo burocrático amparado en una superestructura ideológica que mantiene a nuestro pueblo encadenado a la miseria, alienado y alejado de su propia realidad. Estas estructuras de poder se fundamentan en la imposición de un saber que les garantiza la supremacía y dominación a través del control de las ideologías, la cultura, la educación y de los medios de comunicación”.
Quienes sean los que hayan hecho semejante formulación, partieron de premisas que tergiversaban de manera grotesca la idea de “reforma constitucional”, prefigurando su fracaso en aspectos claves de validez y legitimidad política; pues en la práctica, deslizaban una crítica total a la Constitución vigente, generando una tensión mortal entre la existencia de la misma y la tesis de la “ruptura del modelo capitalista burgués”.
¿Cómo pueden ser los avances de la Constitución de 1999, ser los elementos insuficientes que impiden alcanzar “la aspiración de felicidad, bien común, en una sociedad de justicia”? Un contrasentido en el marco de una Reforma. Lo que estaba en juego eran fuertes presunciones sobre los “procesos de transición”, fuertes “extravíos” en materia de “Socialismo”, a los cuales solo les cabe una drástica política de 3R.
La hegemonía ideológica no se derrota con voluntad, decisión, inmediatez y decreto (sin retardo y sin excusa, como dicen). La hegemonía ideológica es el armazón de sentido de las relaciones sociales predominantes. Nada de pamplinadas sobre “superestructuras”. La hegemonía ideológica es, como analizan Rossi-Landi y Bourdieu, un trabajo permanente de reproducción de representaciones, sedimentaciones ideológicas y hábitus.
Lo desproporcionado del análisis se exponía con claridad mas adelante: “(…) consideramos oportuno y pertinente iniciar el proceso de reforma, sobre los elementos procedimentales en los cuales se fundamenta este proceso de Reforma Constitucional, en síntesis, se trata de: Desmontar la superestructura que le da soporte a la reproducción capitalista, tanto en el plano constitucional y legal, como en lo epistemológico y ético.” Un manejo tan burdo de la noción de “reproducción capitalista”, “desmontaje” y “superestructuras constitucionales, legales, éticas y epistemológicas” solo se les puede ocurrir a un grupo encandilado por “los sueños de una razón que engendran monstruos”.
Extraviada dialéctica la de las “ilusiones ilimitadas”.

martes, 12 de agosto de 2008

MARX Y EL SOCIALISMO DESDE ABAJO-PARTE II

Javier Biardeau R.

Hemos planteado la importancia de diferenciar en el pensamiento marxiano el socialismo desde abajo, de cualquier figura teórico-práctica que plantee la posibilidad de construir alternativas al capitalismo relegando la participación activa de las multitudes, de los trabajadores, del campo popular subalterno. No es lo mismo la liberación del pueblo en un movimiento de auto-emancipación que su sustitución por diversas mediaciones que comienzan a desplazarlo e instrumentarlo.

No son las diversas fracciones propietarias ni la capa de burócratas estatales quiénes pueden “representar” las demandas y aspiraciones legítimas del movimiento popular revolucionario. La lucha por colocar a los órganos del Estado al servició de las multitudes y no por encima de ellas, es parte también del proceso de transformación. No hay una modificación radical entre pueblo y máquina del estado, si no hay transformación de la máquina del estado, si la capa burocrática y su dirección administrativa suplantan y pretenden auto-instituirse en la dirección política de la revolución. Tampoco una forma-partido hegemónica puede suplantar al movimiento de masas, sin que devenga en aparato de dominación sobre las bases populares. El socialismo desde abajo desconfía de las formulas políticas que pretenden hacer naturales, técnicas y neutrales las separaciones entre gobernados y gobernantes, porque la tesis que guía la lucha no es la gobernabilidad a secas, sino el autogobierno de las multitudes populares, a través ciertamente de las propias formas institucionales que puedan efectivamente controlarse con una democracia profunda y radicalizada.

Sabemos que “El Manifiesto Comunista” proclamó que el primer objetivo de la revolución era "ganar la batalla de la democracia". ¿Que significó conquista de la democracia en este contexto histórico. Significa, nada más y nada menos, la construcción de las condiciones que hicieran posible que el poder político estuviera en manos de los trabajadores y el pueblo organizado, para que fuese efectivamente clase gobernante, que gobiernen no la misma maquinaria institucional y estatal del poder burgués, sino una máquina de administración y gobierno, con otras formas y contenidos, lo que implica la transformación democrática de la forma-estado, como Estado- de transición, una estado democrático radicalizado.

Podríamos afirmar que en las más favorables situaciones nacionales y circunstancias históricas, se trataba de transformar el Estado democrático representativo en una Estado que combinara eficazmente la democracia directa con la democracia indirecta: un Estado Democrático Participativo, con sistemas políticos multipartidistas y formas de gobierno con un absoluto control popular. La democracia socialista se acercaba más a la democracia de consejos, que a cualquier caricatura de sistema político de partido único, como fue el paradigma de los socialismos burocráticos.

Por tanto, el socialismo revolucionario de Marx era un socialismo de consejos, un socialismo democrático participativo. La flexibilidad del pensamiento de Marx contrasta históricamente con el dogmatismo de algunos “marxistas”, que en realidad siguen otra tradición, la tradición del “elitismo revolucionario”: el imaginario jacobino-blanquista, que desconfía de la auténtica participación de las multitudes.

Por esto, la relación de Marx y Engels con la revolución francesa, y con los modelos revolucionarios que de ella se desprenden es altamente compleja: “Era, pues, lógico e inevitable que nuestra manera de representarnos el carácter y la marcha de la revolución «social» proclamada en París en febrero de 1848, de la revolución del proletariado, estuviese fuertemente teñida por el recuerdo de los modelos de 1789 y de 1830.” Así se expresa Engels en 1891, reconociendo las limitaciones de representaciones y modelos fijados por la historia de los acontecimientos.

Podríamos decir algo semejante, de los “modelos revolucionarios” que se vuelven fetiches y no guías para la acción. Quienes consideran que la revolución es una receta a ser aplicada, una suerte de empaquetado ideológico no logran comprender las siguientes palabras: “Pero la historia nos dio también a nosotros un mentís y reveló como una ilusión nuestro punto de vista de entonces. Y fue todavía más allá: no sólo destruyó el error en que nos encontrábamos, sino que además transformó de arriba abajo las condiciones de lucha del proletariado. El método de lucha de 1848 está hoy anticuado en todos los aspectos, y es éste un punto que merece ser investigado ahora más detenidamente.”

Tanto los modelos revolucionarios como las formas-medios de lucha cambian de acuerdo a las circunstancias y condiciones. Sin embargo, incluso en la valoración del terrorismo político, Marx y Engels expresaron su rechazo, y colocaron como contrapunto la acción de propaganda abierta, de organización y educación política de las mayorías. El Socialismo desde abajo es una unidad indisoluble con la democracia participativa de signo revolucionario.

Cuando después del declive de las revoluciones de 1848, la Liga Comunista se disolvió, estaba una vez más en conflicto con el "comunismo vulgar" de los putschistas, que querían sustituir con determinadas bandas de revolucionarios al movimiento de masas real de una clase trabajadora consciente. Marx les dijo: La minoría... convierte a la mera voluntad en la fuerza motor de la revolución, en vez de las relaciones reales. El voluntarismo y el decisionismo conducen inevitablemente a posiciones que desconectan al liderazgo de las bases, a formas elitistas de transformación. Las llamadas “vanguardias” comienzan a sustituir al movimiento de masas real.

El pensamiento marxiano nació en lucha auto-consciente contra los abogados de la dictadura educativa, de los dictadores salvadores, de los revolucionarios elitistas, de los comunistas autoritarios y de los liberales burgueses. Éste era el marxismo de Marx, no las monstruosas caricaturas estalinistas y neo-estalinistas, que tienen que ocultar que Marx declaró la guerra a todos los despotismos burocráticos. La lucha es entonces contra dos frentes, contra los que quieren invocar la naturaleza sacrosanta del capital, como contra aquellos que quieren modificar el capitalismo a fuerza de decretos sin multitudes concientes. Marx enlazó las ideas de socialismo y democracia desde abajo, contra-hegemónicas. Nada de socialismo desde arriba.

El Socialismo era o desde abajo o terminaría siendo una revolución controlada y traicionada: una caricatura de revolución. Por tanto, un socialismo desde abajo es posible, sobre la base de una teoría que ve las potencialidades revolucionarias en las amplias masas, incluso si parecen “poco maduras” en determinado momento y lugar. Son las multitudes populares las verdaderas protagonistas del cambio, y no un “socialismo que cae de algún centro de poder”, un socialismo platónico, un socialismo que sustituye a la inmensa mayoría por el elitismo de una camarilla, de comités centrales, o lo que es peor, por el fetichismo hacia jefaturas únicas. Pues hay una gran diferencia entre la democracia socialista y cualquier idolatría cesarista. Que el socialismo desde abajo corrija estas desfiguraciones políticas.

domingo, 10 de agosto de 2008

MARX Y EL SOCIALISMO DESDE ABAJO

Javier Biardeau R

Lo debemos a Ludovico Silva poder distinguir entre marxistas, marxianos y marxólogos. Las hermeneúticas sobre la obra de Marx son inagotables, y por eso Marx es una figura central del pensamiento histórico-social.
Una cosa es acercarse a la obra de Marx, destacando la “multiplicidad de Marx (el fecundo trabajo de Juan Barreto es uno de los escasísimos ejemplos a la reflexión teórico-ideológico de un militante político y de quién ha atravesado el ejercicio de diversas responsabilidades en la dirección política del proceso bolivariano). Otra cosa es colocarse en el lugar de la verdad codificada por cualquier variante de “marxismo institucional”: de la II Internacional o de cuño marxista-leninista. Ludovico Silva acertó.
Hay que realizar claras distinciones y complejizar a Marx. Su obra supera las visiones limitadas que en los primeros treinta años del siglo XX circularon como “doctrinas oficiales”. Esto demuestra que los codificadores de un pensamiento realizan en muchos casos claras adulteraciones y sobre-interpretaciones, para generar la impresión de un sistema cerrado de ideas, categorías y conceptos. De allí surgen las voces hegemónicas de una determinada codificación. Y finalmente, los administradores de una presunta línea política; un paralelismo obvio con aquellas configuraciones religiosas que dependen de la verdad revelada desde un texto considerado sagrado.
Pero la obra de Marx merece un tratamiento crítico. Marx fue un defensor del vínculo orgánico entre el movimiento democrático de masas y el movimiento comunista.
Antes de Marx, los diversos utopismos fueron elitistas y antidemocráticos en lo esencial. Pretendían imponer un modelo prefabricado, un plan que debería ser aplicado desde arriba o desde una dictadura político-educativa. Estos eran hostiles a la idea de transformar la sociedad desde abajo, por medio de la inquietante intervención de las masas en busca de su liberación. El movimiento socialista, antes de Marx, se articuló muy poco a la línea de la democracia desde abajo. Esta intersección, fue la gran contribución de Marx, y de allí su lugar destacado en la fundación de un pensamiento contra-hegemónico.
Marx unió el socialismo revolucionario con la democracia desde abajo, una democracia que demolía el fetichismo institucional del Estado representativo. Éste es el corazón vital del pensamiento marxiano. Cualquier ruptura del vínculo entre democracia y socialismo, puede llamarse cualquier cosa menos pensamiento marxiano. Retomando a Flora Tristan, Marx expresó que “la emancipación de los trabajadores debería ser obra de los trabajadores mismos"; es decir, auto-emancipación social.
Todavía hoy, Marx permite una inmunización contra la ilusión fetichista en un Déspota Salvador. Marx desconfiaba del Socialismo de Estado al igual que del Bonapartismo. Se incorporó a la política como editor de un periódico que era el órgano del ala izquierda de la democracia liberal en la industrializada zona del Rin, y pronto se convirtió en la principal expresión editorial de toda la democracia política en Alemania. Su primer artículo fue una polémica en favor de una ilimitada libertad de prensa frente a cualquier censura estatal ¡Nada más y nada menos!
Pero así mismo dirigió sus dardos críticos hacia la propiedad privada, y hacia las penalizaciones que sobre los que nada poseían se realizaba para defender este sacrosanto “derecho natural”. Esto basto para que el gobierno imperial impusiera su destitución y su expulsión. De allí, Marx comprendió que las nuevas ideas socialistas superaban el “estrecho horizonte burgués”.
Fue en contacto con el socialismo, que el término democracia cobró un significado más amplio en lo político y en lo social, criticando el carácter falso y restringido de la democracia liberal-censitaria. En notas manuscritas hechas en 1844, rechazó el existente "comunismo vulgar" que negaba el pleno desarrollo de las potencias de la personalidad humana. Marx aspiraba a un comunismo que sería un "humanismo totalmente desarrollado", donde la libertad ampliada contrastaba con la libertad restringida de los individuos-propietarios.
En 1845, él y su amigo Engels elaboraron una argumentación contra el elitismo de una corriente socialista representada por Bruno Bauer. En 1846 organizaron los "Comunistas democráticos alemanes" en el exilio de Bruselas, y Engels escribió: "en nuestra época, democracia y comunismo son la misma cosa"; es decir, “el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa” (Manifiesto Comunista). La nueva idea comunista se unía aspiraciones democráticas de masas, entrando en conflicto con las sectas comunistas existentes, que soñaban en dictaduras mesiánicas.
En el periódico editado en 1847, pocos meses antes del Manifiesto Comunista, la Liga de los Comunistas anunció: No nos encontramos entre esos comunistas que aspiran a destruir la libertad personal, que desean convertir el mundo en un enorme cuartel o en un gigantesco asilo. Es verdad que existen algunos comunistas que, de forma simplista, se niegan a tolerar la libertad personal y desearían eliminarla del mundo, porque consideran que es un obstáculo a la completa armonía. Pero nosotros no tenemos ninguna intención de cambiar libertad por igualdad. Estamos convencidos... de que en ningún orden social podrá asegurarse la libertad personal tanto como en una sociedad basada sobre la propiedad comunal... Pongámonos a trabajar para establecer un estado democrático en el que cada partido podría ganar, hablando o por escrito, a la mayoría para sus ideas...
Una lección para muchos seudo-marxistas, que siguen soñando, al igual que las fantasías paranoicas de la derecha, con dictaduras encubiertas, en vez de profundizar y radicalizar la democracia.

domingo, 3 de agosto de 2008

NO HAY SOCIALISMO SIN ESTADO DEMOCRATICO

Javier Biardeau R

Uno de los temas de mayor relevancia en el seno de la multiforme izquierda consiste en clarificar los “problemas de transición al socialismo”. A la luz de las experiencias históricas de los “socialismos burocráticos”, el rigor teórico, histórico y sentido crítico es cada vez mas urgente, dadas las obvias implicaciones de política, estrategia y táctica, que llega incluso a afectar procesos constituyentes y debates constitucionales en la coyuntura.

Hemos planteado que la Revolución Rusa evidenció encrucijadas democráticas, donde el desvarío jacobino-blanquista se apoderó de la dirigencia bolchevique. Este asunto, analizado en contraste con los errores de diseño teórico-ideológico del llamado “proyecto de reforma constitucional” en Venezuela, cobra especial significación, ya que quienes incluyeron el enunciado “Estado Socialista” en el proyecto (Art. 16 y 318) parecieran no comprender el fondo y consecuencias del debate sobre las formas de gobierno y de Estado en la “transición socialista”.

El desvarío autoritario tiene que ver además con los cortocircuitos de la interpretación leninista de los textos de Marx y Engels. El hecho de haber descuidado la relevancia de estos cortocircuitos ha tenido consecuencias funestas en la cultura y la acción política de la izquierda. El marxismo-leninismo, al igual que la izquierda cesarista, se opone en muchos sentidos a Marx y se vincula al imaginario blanquista-jacobino. Para esta izquierda despótica, el valor democracia se considera una simple forma, una mascarada, un elemento retórico, que puede ser instrumentalizado sin más, rompiendo la articulación entre socialismo y democracia.

Sin embargo, no hay Socialismo factible sin la revolución democrática. Siguiendo a Laclau-Mouffe en su “Hegemonía y Estrategia Socialista”, hay que distinguir entre quienes plantean una interpretación autoritaria de la hegemonía (de lo jacobinos al estalinismo) de quienes realizan una interpretación democrática del término hegemonía (inflexión de Gramsci de conquista del una cada vez más amplio consenso en la transformación correlativa de la “sociedad civil”: de la sociedad burguesa a la sociedad socialista).

Incluso de este contraste surgen visiones que replantean el debate entre “hegemonía” o “contra-hegemonía”; y en este último caso, plantear la ruptura con la biopolítica de la separación absoluta entre gobernantes y gobernados. La democracia socialista implica superar, rebasar, ir más allá del liberalismo democrático (el socialismo a diferencia del fascismo en post-liberal, no antiliberal). Este es el error básico de la izquierda despótica, anular la democracia y las libertades para reforzar un patrón de regresión-vulneración de derechos históricos fundamentales.

Por esto, la forma de Estado de la transición al socialismo es una forma más avanzada de Estado Democrático, no su sustitución por el enunciado “Estado Socialista” de cuño marxista-leninista.

En cuestiones de formas de gobierno y Estado, lo esencial es diferenciar el predominio de la fuerza/coacción del consenso ético-cultural. Tan importante como reconocer “quién gobierna” es saber “cómo gobierna”. Lenin pretendió ejercer la voz hegemónica de la “Teoría del Estado Marxista”, cuando en realidad fue la “Teoría Bolchevique del Estado”. Para Lenin ser “marxista” era aceptar su propia interpretación de Marx.

Para Marx, el contenido de todo Estado era la dimensión de “dominación de clase” (Dictadura), pero la “forma de la dominación” es tan relevante como su contenido de clase (Estado Bonapartista, Representativo). De allí la importancia de la utopía concreta de la “extinción del Estado”, idea que el estalinismo liquidó.

Marx fue un crítico radical e implacable de la Burocracia, de Socialismo de Estado, del Bonapartismo, y consideró al movimiento proletario como “el movimiento autónomo de una inmensa mayoría en interés de una mayoría inmensa” (nada de gobierno de minorías conspirativas). Para Marx y Engels, la República Democrática era la forma de gobierno y de Estado indispensable para la transición al socialismo.

Se trataba de radicalizar la democracia, no de anularla. Cuando se monopolizó la dirección y control de la “Democracia de Consejos” en la forma/partido, se liquidó la democracia socialista. Allí se instaló aquella cadena de sustituciones de masas = clase = partido = jefatura unipersonal, que terminó en la identificación del Pueblo con la voz del Jefe Supremo, matriz imaginaria y simbólica del despotismo. La democracia socialista (autogobierno+autogestión) se sustituye por la autocracia pura: la tiranía personalista de Stalin. De este modo, el culto extremo a los dogmas en la izquierda revolucionaria, llevó a aceptar lo que Adam Schaff denominó las adulteraciones interpretativas de Lenin.

Engels planteó sin ambigüedades que la República Democrática era la forma de Estado de la “dictadura del proletariado”, mientras Lenin en su texto “El Estado y la Revolución” extrajo como conclusión otra línea de acción.

Engels (Crítica del programa de Eufurt) dice: “Está absolutamente fuera de duda que nuestro partido y la clase obrera sólo pueden llegar a la dominación bajo la forma de la república democrática. Esta última es incluso la forma específica de la dictadura del proletariado, como lo ha mostrado ya la Gran Revolución francesa.”. Lenin adultera: "Engels repite aquí, en una forma especialmente plástica, aquella idea fundamental que va como hilo de engarce a través de todas las obras de Marx, a saber: que la República democrática es el acceso más próximo a la dictadura del proletariado.”(El Estado y la Revolución; cap IV).

De un diminuto abuso interpretativo se justificó posteriormente la liquidación del Estado Democrático. Como nos recuerda Barbara Cassin (El efecto sofístico): la lógica política descansa en el orden del decir y sus efectos de poder. Frente a los ideologemas del socialismo burocrático, hay que volver a enfatizar que no hay Socialismo factible sin profundizar la forma de Estado Democrático, en una dirección que apunta al modelo democrático participativo de organización de los consejos del poder popular.

Es fundamental reconocer que los consejos del poder popular son instancias de autogobierno, no de subordinación a las visiones monolíticas verticales de las estructuras de aparato-partido, ni a las estructuras burocráticas del Estado representativo aún existente. Profundizar el Estado democrático para el nuevo socialismo implica debilitar viejas instituciones y practicas de la vieja maquinaria administrativa, sustituyéndolas por nuevas instancias y espacios de poder, donde el poder popular organizado asuma nuevas tareas de dirección política y de control de las actividades administrativas, de planificación y de presupuesto (presupuesto participativo), en función de la mejora sustantivamente de las condiciones materiales y ético-culturales de vida de las multitudes populares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Marx-Engels (1848): El Manifiesto Comunista.
Engels (1891): Constribución a la crítica al programa socialdemócrata de Erfurt.
Lenin (1917): El Estado y la Revolución.
Laclau-Mouffe (1985): Hegemonia y Estrategia Socialista.
Schaff Adam (1983): El Comunismo en la Encrucijada.
Cassin Barbara (2008): El efecto sofístico